De acuerdo con los datos del Inegi y de la propia Auditoría Superior de la Federación, en Michoacán se está trabajando acertadamente en eficientar, rendir cuentas y en transparentar el manejo de los recursos públicos, expresó Francisco Huergo Maurín, titular de la Secretaría de Contraloría del estado (Secoem).
Puntualizó que en auditorías federales, sobre todo de la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio fiscal 2019, Michoacán tiene buenas cifras, no solamente dichas por el Inegi, y en la tasa de prevalencia de la corrupción, el estado bajó del lugar 24 al 8 en los últimos dos años.
Añadió que en la propia Auditoría Superior de la Federación, Michoacán pasó, en el índice de desempeño de la gestión, es decir del gasto federalizado, de ser eficientes en un 37 por ciento a tener un 89.8 de eficiencia en la solventación para el ejercicio fiscal 2019.
Eso significa que se pasó de 2 mil o 3 mil millones de pesos observados por año, a 800 -700 y en esta última entrega fueron solamente 30 millones, es decir se ha avanzado en el tema de la eficiencia.
Otro dato que es muy interesante, destacó, es el monto observado contra el auditado, y esta administración bajó del 36 por ciento al 2.5 por ciento con respecto de lo observado al monto auditado.
Esos datos significan que en Michoacán se está trabajando bien en torno a eficientar, a rendir cuentas y a transparentarle a la sociedad en qué se está gastando el recurso de sus impuestos.
Huergo Maurín comentó, por otra parte, que a la Secoem la encontró todavía trabajando con cajas y archivos por lo que se dieron a la tarea de sistematizarla, de tal manera que ahora todo documento que ingresa a la dependencia es digitalizado.
Asimismo, dijo, se implementó un sistema que permite que los certificados de no inhabilitación sean, ahora, vía electrónica, y lo mismo ocurre con la declaración patrimonial.
Y ya dentro de tema de entrega-recepción, indicó que ese proceso se hará de manera digital con firma electrónica validada por el SAT, con información encriptada y eso permitirá certeza jurídica y validez total de la documentación sin tener que imprimir papeles.
No hay ningún problema para la entrega-recepción porque ya se capacitó a los enlaces y a los órganos internos de control de las dependencias tanto paraestatales como la secretarías de estado.
Eso ha permitido, prosiguió, tener un equipo de gente que está capturando y transfiriendo del Sermich 1 al Sermich 2 y que cada mes están dando resultados; el primer corte se hizo en enero, a finales de este mes se hará otro de tal manera que en mayo o junio, a más tardar, esté completa la entrega-recepción, especificó.
Agregó que en julio, agosto y septiembre únicamente estarán actualizando para concretar la entrega-recepción constitucional.
Por otro lado expresó que en los últimos dos años y medio instauraron 3 mil expedientes, tanto de administraciones anteriores como de la actual, donde se notifica de alguna responsabilidad, falta de información que sustente, resuelva o compruebe alguna observación que se haya hecho y que permita que no se llegue a un resarcitorio.
También, subrayó, hay casos con cerca de 900 millones de pesos que ya están en Finanzas, que ya causaron ejecutoria y “que estamos recuperando los recursos a través de créditos fiscales o embargos”.
Puntualizó que, en lo general, limpiaron los rezagos para evitar las prescripciones, sin embargo de los 3 mil expedientes, hay que ser claros, tendrán que resolver entre 700 y 800 este año y se quedarán algunos vigentes que tendrá que resolver la próxima administración.
Confirmó que son alrededor de 115 servidores públicos inhabilitados con pernas que van desde uno a cinco, de cinco a diez, de 10 a 15 años, aunque hay 6 o 7 que están con 20 años.
