El proceso se realiza cada tres años para continuar brindando un servicio profesional y de calidad a la ciudadanía
Para que facilitadoras y facilitadores auxiliares de los procesos de justicia alternativa y restaurativa se encuentren en las mejores condiciones para continuar brindando un servicio profesional y de calidad a la ciudadanía, el Poder Judicial de Michoacán renovará la certificación de 16 profesionales que laboran en todas las regiones del estado.
A través del Comité de certificación en sede judicial para facilitadores en mecanismos alternativos de solución de controversias, se prepara esta acción para 2021, en cumplimiento a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y a los demás instrumentos aplicables. Las certificaciones tienen una vigencia de tres años y, para ser renovadas, se debe cumplir con una capacitación de al menos 100 horas teórico-prácticas durante ese periodo.
El Comité sesiona de manera habitual para dar seguimiento a cuestiones de su competencia; recientemente llevó a cabo la primera convocatoria del año, misma en que se incorporó presencialmente la consejera Dora Elia Herrejón Saucedo, quien forma parte del mismo desde su designación como integrante del Consejo. Además, participan María del Pilar Chávez Franco, responsable del Centro de Justicia Alternativa y Restaurativa, región Morelia; Emmanuel Roa Ortiz, director del Instituto de la Judicatura; y Rafael Sepúlveda Jiménez, en su calidad de secretario técnico.
Con la finalidad de que los procesos de certificación sean más ágiles y puntuales, se trabaja en un sistema automatizado que permitirá dar seguimiento a la vigencia de las certificaciones, y en el que se almacenará la información y se generarán alertas para cumplir con los tiempos establecidos en la ley; lo anterior será posible con la colaboración de otras áreas del Poder Judicial. En el portal web institucional www.poderjudicialmichoacan.gob.mx se mantienen actualizadas las listas de facilitadoras y facilitadores en activo, de los cuales: 20 desarrollan sus funciones en lo penal, civil, mercantil y familiar; y 2 en lenguas indígenas -en las mismas materias-; además, 20 cuentan con certificación en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Por lo que ve a las 34 que están en reserva, 23 cuentan con certificación en todas las materias y 11 además en lenguas indígenas.
