Sin inclusión, no existe la democracia afirmó la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Dra. Yurisha Andrade Morales en su participación en la ponencia virtual “Inclusión y Democracia” organizado por el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (COEPREDV).
En este contexto, explicó desde la perspectiva del máximo órgano electoral la importancia que tiene que los grupos vulnerables sean parte de la democracia y toma de decisiones en la vida política del país.
Además señaló que la democracia incluyente es vista a la luz de su potencial para ampliarse en nuevos procesos de integración de los grupos minoritarios. Involucra el reconocimiento de derechos y la igualdad, así como la no discriminación y a la vez reclama la participación de los ciudadanos para ejercerla en la vida pública.
También resaltó que en una acción afirmativa dentro de la democracia, es un conjunto de medidas, fundamentalmente políticas, laborales y educativas, tomadas para compensar a ciertos grupos humanos por la discriminación sufrida en el pasado.
Andrade Morales, subrayó que dichas acciones deben ir más allá de un documento, la ciudadanía y sobre todo los partidos políticos están obligados a ejercerlas y con ello abonar a la toma de decisiones, donde todos los grupos sean tomados en cuenta de tal manera que exista un equilibrio no por ley sino por derecho.
Recordó que los órganos electorales juegan un papel fundamental para lograr el pleno ejercicio de los derechos políticos-electorales de los ciudadanos en México.
El gran reto que se tiene como sociedad, el cual deberá ser asumido con total responsabilidad por el INE y los partidos políticos, es evitar las simulaciones y trampas para esquivar el cumplimiento real de las diversas disposiciones que ha determinado la normativa electoral, entre las que destacan espacios para las mujeres, personas con discapacidad, indígenas, incluir a la comunidad LGTB+, entre otros, puntualizó la Magistrada.
En el ámbito de los derechos políticos-electorales, los partidos políticos y las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, tienen la obligación de implementar las medidas necesarias para que todas las personas puedan ejercer estos derechos, poniendo especial atención en las personas o grupos en situación de vulnerabilidad o que se consideran de atención prioritaria, para que puedan generarse las mejores condiciones que les permitan el ejercicio pleno de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho de ser votado, sobre todo en la postulación de candidatos donde sean elegibles y no solo por cumplir la norma
