- Aprueban iniciativa 3 de 3 para impedir que quienes cometan violencia de género o familiar, ejerzan cargos en la administración pública o aspiren a alguna candidatura
Ciudad de México. La diputada federal por morena Celeste Ascencio, señaló que aquellos que hayan ejercido violencia familiar y/o que no cumplan con el pago de la pensión alimenticia, quedarán inhabilitados para ejercer un cargo público o contender por algún cargo de elección popular.
Lo anterior, al subir a la tribuna de San Lázaro en el marco de la sesión ordinaria en la que se aprobó una reforma al artículo 38 constitucional con el objetivo de suspender el derecho ciudadano de participar en la administración pública a quien cometa estos delitos; “las personas que pretendan desempeñarse en este ámbito, se debe medir tanto el comportamiento en lo social como en lo privado, y en donde se debe conciliar no sólo la apariencia sino una actuación genuinamente honesta y de compromiso por los demás”, enfatizó.
“Buscamos que al gobierno lleguen personas íntegras y que respeten a la familia, que es la base de la sociedad”. Refirió que en el caso de Michoacán, en la Meseta Purépecha todavía es complicado hablar de la equidad de género y del empoderamiento de la mujer, ya que algunos hombres representantes o jefes de tenencia limitan la difusión de dichos temas.
“Hoy, después de 4 años como legisladora,me siento realmente tomada en cuenta, pues aunque no fui mencionada como promovente de la presente iniciativa, vale la pena que sepan que desde septiembre de 2020 y posteriormente en marzo de 2022, estuve pugnando porque esta ley, fuera, como lo es hoy, una realidad”.
Celeste Ascencio expresó que se vive un hecho histórico en la lucha de la mujer y, en este sentido, recordó que en la legislatura anterior presentó la única reserva aprobada en el marco de la reforma educativa, para incluir la educación sexual en todos los niveles de estudio, “hoy, 30 de marzo volvemos a salir avante”.
Enfatizó que con esta reforma constitucional se exigirá a los hombres y mujeres que tienen una responsabilidad pública, que tengan una vida acorde a la institución de la familia y que estén comprometidos con la no violencia.
En este contexto, mencionó que en México, de acuerdo con datos oficiales, cada año se presentan poco más de 120 mil casos de violencia familiar y cerca de 25 mil investigaciones por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
Celeste Ascencio concluyó su intervención al reiterar que “tenemos que disminuir la violencia social y familiar en México, ya que sigue causando daños en la vida emocional y social y nos impide avanzar en el desarrollo del país”.
