- El especialista en derechos humanos, Santiago Corcuera imparte la Conferencia “El adecuado tratamiento de las personas víctimas para evitar la revictimización”, organizado por el INE
- Si queremos que se denuncie violencia contra las mujeres, también tenemos que asegurarles que no van a ser sujetos de una revictimización: Adriana Favela
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la sociedad mexicana tienen la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, asegurándoles que no sean revictimizadas, coincidieron la Consejera Adriana Favela Herrera y el especialista en derechos humanos, Santiago Corcuera Cabezut.
Como parte del Ciclo de Conferencias Virtuales Magistrales 2020 “Derechos de las víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género”, el INE llevó a cabo la Conferencia Magistral “El adecuado tratamiento de las personas víctimas para evitar la revictimización”, a cargo de Corcuera Cabezut, quien explicó qué es y el tratamiento que se da a la violencia política contra la mujer y cómo se le revictimiza.
La Consejera Adriana Favela subrayó la importancia de que una vez que las mujeres se atreven a denunciar violencia política, reciban un acompañamiento de las instituciones del Estado, un trato digno y no se les revictimice, para evitar que sufran un daño mayor al que ya estuvieron viviendo.
“Si queremos que de verdad se denuncien los hechos irregulares, también tenemos que asegurarles a las víctimas que no van a ser sujetos de una revictimización”, sostuvo.
Explicó que la revictimización es un problema real que se da en nuestro país y en la mayor parte de los países del mundo.
“Es un proceso que produce un sufrimiento añadido por parte de las instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctima”, agregó.
Al delinear el panorama en México, la Consejera Favela mencionó que, del total de víctimas de algún tipo de delito, el 31.2% son mujeres que sobre todo denuncian agresiones, secuestros, violaciones de tipo sexual, extorsión, feminicidios y otro tipo de circunstancias, por lo que destacó la importancia de que se haga realidad la normatividad nacional e internacional que protege a las víctimas.
Tenemos que animar a las mujeres a que denuncien y brindarles el apoyo necesario para seguir adelante, “como autoridades electorales, en este tema de violencia política contra las mujeres por razón de género, nosotros tenemos medidas cautelares que se pueden estar concediendo una vez que se presentó una denuncia. Y también tenemos que otorgar, de ser el caso, medidas de protección”, precisó.
Obligación del Estado una cultura de igualdad entre hombres y mujeres
En su conferencia, Santiago Corcuera, miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas; presidente del Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales del Congreso de Derechos Humanos y desde septiembre de 2019 integrante de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias para los Derechos Humanos de la ONU, señaló que cuando se revictimiza a la mujer, se le infringe un daño emocional.
Consideró que, aunque es tarea de toda la sociedad, los hombres tienen que reconocer que son parte de “la incultura” y “desnormalizar” esa nociva conducta de violencia o de discriminación contra las mujeres, ya que son los principales victimarios.
“Tenemos que concientizarnos de la situación para no repetir estas conductas y el Estado tiene la obligación de adoptar medidas de concientización, de difusión de una cultura de igualdad entre hombres y mujeres para la erradicación de la violencia contra ellas y particularmente de la violencia política contra las mujeres”.
Corcuera Cabezut delineó como principios para evitar la revictimización: la credibilidad, un trato digno, un espacio seguro donde se sientan en confianza y de preferencia que sean entrevistadas por otra mujer, que les inspire confianza y ofrecerles apoyo psicológico y no restregarle a la víctima los hechos que le sucedieron.
Precisó que la revictimización se da cuando un servidor público que debe de atender a una víctima, le atribuye responsabilidad de la acción sufrida. “La culpa de lo que le sucedió, le insinúa que lo que le sucedió lo merecía y esta actitud le genera un sufrimiento doble”.
El artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujer a una Vida Libre de Violencia contiene 22 conductas que pueden considerarse violencia política contra la mujer y que, conjugadas con el sufrimiento, el daño, la lesión o la muerte, restringen sus derechos y que deben prevenirse, pero sobre todo, evitarse, concluyó.
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