Para la titular del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción es un reto al concluir su responsabilidad en diciembre próximo.
En Michoacán la corrupción es un cáncer que permea en todos los niveles de gobierno y su solución es compleja, se hace presente en los municipios al terminar los trienios, donde los alcaldes se llevan hasta el lápiz y nunca hay consecuencias; por ello, el reto al dejar su encargo en diciembre próximo es consolidar una política pública anticorrupción, paralelamente se deben tener fiscalías más autónomas, que no estén supeditadas a intereses políticos, señaló Elvia Higuera Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción.
En su opinión, erradicar las prácticas corruptas es algo que se ve “a largo plazo”, antes se debe avanzar en el fortalecimiento de la denuncia y las investigaciones que nos lleven a aplicar sanciones, solo de esa forma podremos disminuir los índices de corrupción. “Yo percibo que a nivel nacional se está haciendo un esfuerzo importante, pero mientras no veamos la reparación de daños y se castigue a los corruptos, no vamos a transitar más allá de un discurso políticamente correcto”, estableció la abogada.
Desde su perspectiva, el presidente López Obrador tiene una oportunidad histórica de actuar y ser congruente con su discurso, “si decide actuar conforme a las obligaciones que tiene y en congruencia con lo que ha sido su discurso”, en ese contexto, las declaraciones de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, nos podrían llevar a la detención de ex funcionarios que han saqueado el país.
Y responder así a una aspiración de la sociedad para que, más allá de la privación de la libertad devuelvan lo que se han robado, porque debido a la corrupción en buena medida, 50 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza y 10 millones en pobreza extrema. “El presidente de la República enviaría un buen mensaje si actúa en consecuencia”, sobre todo -abundó- en la parte de los procedimientos, que nos van a llevar al “debido proceso”.
Por lo mismo, especificó que más allá de filtrar nombres y videos, se debería tener mucho cuidado en documentar de la mejor manera las carpetas judiciales, para que no se dejen huecos que, posteriormente y mediante un amparo, llevan a que la persona salga libre y el delito quede impune.
Higuera Pérez concluye su gestión como presidenta del CPC del Sistema Anticorrupción de Michoacán el próximo mes de diciembre, su encomienda y reto personal de aquí a fin de año sería contar con datos más certeros de cómo funciona la corrupción en Michoacán.
Adelantó que hay diagnósticos que posibilitan elaborar una política pública a nivel estado, dirigida a los 3 poderes y 2 niveles de gobierno en Michoacán; “sería un buen reto dejar una política pública bastante consolidada que nos permita ir generando las bases para trabajar en la prevención de la corrupción y en medidas inhibitorias del delito”, señaló.
A manera de ejemplo, recordó que hay una denuncia sobre un presunto desvío de 12 millones de pesos de la cuenta pública municipal correspondiente a 2019 en Paracho, pero labora en la alcaldía una cantidad importante de parientes del ex edil, ello implica situaciones de encubrimiento, que llevan a la impunidad, “si en este caso hubiera un procedimiento de disuasión efectivo, podría servir como práctica inhibitoria para que otros ayuntamientos no hagan lo mismo”.
Apelamos entonces, detalló nuestra entrevistada, a que en el corto plazo podamos trabajar en el tema de la prevención y a tener una política pública consolidada en el combate a la corrupción, contar con mejores procedimientos de investigación y sanción, y también, quizá en un largo plazo, tener una clase política mucho más ética y más integra, donde no estén pensando en que los espacios públicos son para obtener beneficios propios.
Pero, “si no logramos trastocar estructuras será casi imposible disminuir la corrupción y romper las redes que se generan en el ámbito de la administración pública”, condicionó la funcionaria del Sistema Anticorrupción.
