La democracia incluyente va más allá de lo escrito en un documento, lo que realmente se debe de lograr es que ésta sea una realidad en el contexto de la vida democrática del país; se deben de reconocer los derechos y la igualdad, así como la no discriminación y a la vez reclamar la participación activa de los ciudadanos para ejercerla en la vida pública, es lo que nos permitirá avanzar como sociedad, así lo enfatizó la Dra. Yurisha Andrade Morales, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en su participación en la mesa de análisis “La importancia de una democracia incluyente”.
En su ponencia la Magistrada acentuó la importancia que tienen los grupos minoritarios, como lo son los indígenas, quienes son una parte importante para la transformación de la democracia del país, por ello abogó que sea respetado por los partidos políticos en la próxima selección de candidatos el porcentaje que corresponde a este grupo.
Ante ello, destacó que el papel de los órganos electorales es de suma importancia, para obligar y se tome conciencia en el papel que juegan estos grupos que contribuyen a la unificación para lograr el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las personas en México.
Andrade Morales, en su participación recordó que fue en el 2017 que el INE obligó a los partidos a postular, paritariamente, fórmulas integradas por personas indígenas en las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa en por lo menos 12 de los 28 distritos electorales federales indígenas, lo cual fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual resolvió que los partidos debían postular exclusivamente candidaturas indígenas en 13 distritos federales, uno más del que señalaba el Acuerdo del INE, en donde la población indígena supera el 60% de la población total.
La Magistrada propuso que para poder avanzar es necesario impulsar una estrecha colaboración interinstitucional en esta materia con otros organismos públicos “Es necesario promover la colaboración conjunta con instituciones de investigación para generar estudios que nos permitan comprender a cabalidad el fenómeno de la discriminación, asociada con la desigualdad y la violencia en el contexto nacional”.
Además de armonizar las leyes locales con la reforma constitucional y legal de paridad de género, en relación con la inclusión de la población indígena en los espacios de toma de decisión, es un desafío para lograr la aplicación plena del principio constitucional de paridad, entre otras propuestas que permitirían desde lo local tener transformaciones en materia de derechos humanos para este sector.
Finalmente precisó que no es solo buscar más espacios de representación de estos grupos sino también mejorar la calidad de la propia representación.
En dicha mesa de análisis donde asistieron representantes de los partidos políticos e integrantes de los órganos desconcentrados del IEM, compartió foro con Alberto Hernández Ramírez, Director General del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar Discriminación y la Violencia (COEPREDV); Nuria Gabriela Hernández Abarca, Secretaria de Igual Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres; Omero Valdovinos Mercado, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales en el Estado de Michoacán; Juan Adolfo Montiel Hernández, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Especial para el Voto de las y los Michoacanos en el Extranjero; Juan Plancarte Esquivel, Visitador Regional de Morelia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Rafael Escutia Garmendia, Representante del colectivo Michoacán es Diversidad y Hectárea Ciudadana, misma que fue moderada por Araceli Gutiérrez Cortés, Consejera Electoral y Presidenta de la Igualdad de Género, No discriminación y Derechos Humanos del IEM
