148/2021
En sesión ordinaria, la 74 Legislatura aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en materia de seguridad privada.
El dictamen presentado por los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales destaca que la reforma tiene como finalidad que sea el Congreso de la Unión, el encargado de expedir la ley general en materia de seguridad privada, la cual se pretende que tenga las reglas y la potestad para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en territorio nacional.
Asimismo, se establecerán reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y las autoridades federales, de las entidades federativas y los municipios, para que exista una correcta organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública.
Aunado a ello, pretende que exista una coordinación de los prestadores de seguridad privada con las instituciones de seguridad pública, en situaciones de emergencia y desastre; dentro del régimen transitorio mandata que las entidades federativas adecuen su marco normativo con las disposiciones de la ley general.
De esta manera, la seguridad pública es una función que está a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, la cual persigue salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas; con ello, desde el marco constitucional se persiguen la prevención del delito, investigación y persecución de los delitos y las sanciones e infracciones administrativas.
Finalmente se pretende que la reforma constitucional, genere mejores resultados en el combate a la violencia e inseguridad, procurando una coordinación para la implementación de políticas, planes y programas de gobierno, así como las acciones entre sociedad civil e iniciativa privada.
De esta forma, el Congreso local respalda la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, ya que de esta manera los prestadores de servicios coadyuvaran en la seguridad pública tanto de la Federación, las entidades federativas y los municipios.
