| 89/2021 |
| Los migrantes deberán contar un traductor en los procesos legales cuando ellos lo requieran y se fortalecerá la protección de las niñas y niños migrantes El Pleno de la LXXIV Legislatura Local aprobó la reforma que presentó la diputada Lucila Martínez Manríquez en junio del año pasado, y gracias a la cual se ampliarán, los derechos humanos de las y los migrantes, quienes a partir de ahora deberán contar con un intérprete o traductor en los procesos legales cuando ellos lo requieran. La reforma avalada modifica diversas disposiciones de la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado, además señala que las autoridades deberán garantizar que no se cometan abusos con este sector y deberán fortalecer la protección de las y los niños migrantes y salvaguardar su integridad y seguridad. La legisladora Lucila Martínez propuso que en la Ley, se establezca el derecho de que los migrantes puedan contar con un intérprete o traductor en los procesos legales; para ello propuso ampliar los criterios que las autoridades deberán observar al diseñar las políticas públicas en favor de los migrantes. Entre los criterios a ampliar, se encuentran la gestión, apoyo y acompañamiento en trámites legales en caso de repatriación, en los casos en los que un migrante necesite servicios médicos y no cuente con los recursos necesarios para su tratamiento en su lugar de radicación, o en casos de fallecimiento. Las reformas avaladas por el Legislativo plantean también la ampliación de las atribuciones de la Secretaría del Migrante, con el propósito de promover acciones, tales como brindar asesoría y acompañamiento ante las instancias competentes, para que en el caso de que funcionarios y/o servidores públicos cometan cualquier tipo de abusos en su contra, puedan ser denunciados y castigados. Se estipula además que el Estado y los municipios garanticen la integridad y el respeto a los derechos humanos de las personas extranjeras identificadas como víctimas de delitos, y que sea prioritaria la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes que no estén acompañados de algún adulto. “No podemos ser omisos al hecho de que nuestro país y por ende nuestro Estado, es receptor de migrantes de otros países y es nuestra obligación reconocer y garantizar la protección de sus derechos”, afirmó la legisladora Lucila Martínez. Indicó Martínez Manríquez que los migrantes centroamericanos también sufren violencia y vejaciones al cruzar por territorio mexicano, son víctimas de abusos que casi nunca se investigan ni castigan, por ellos, dijo, la importancia de enfatizar que el Estado debe ser responsable de garantizar el goce de las garantías de derechos fundamentales, con plena seguridad jurídica de todas y todos los migrantes. Recordó que los migrantes que transitan por México tienen los derechos que les reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos, sin importar su nacionalidad o situación migratoria. Con especial énfasis, dijo, se debe atender a grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, mujeres, indígenas, personas de la tercera edad y quienes han sido víctimas de delitos. Agregó que con estas reformas se concluye una revisión profunda del marco normativo estatal, con el propósito de brindar seguridad a los migrantes a través del establecimiento de mecanismos que garanticen su efectiva protección. |
