Con el objetivo de garantizar justicia, certeza jurídica y proporcionalidad en la actuación de las autoridades municipales, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado, en la que propone que nadie sea sancionado administrativamente sin responsabilidad acreditada, a fin de proteger a negocios de sanciones injustas, ya que inocentes no deben pagar por delitos que no cometen.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora expuso que en cada municipio de Michoacán existen familias que todos los días levantan la cortina de su negocio con la esperanza de salir adelante, tras haber invertido ahorros, solicitado préstamos o trabajado durante años para consolidar un proyecto propio.
Señaló que para muchas personas, una tienda, restaurante, farmacia o cafetería no es solo un establecimiento, sino el sustento y patrimonio familiar, por ello, con esta reforma se busca que no se den más sanciones automáticas a negocios por actos de terceros.
La diputada explicó que abrir un negocio formal implica cumplir con requisitos, realizar trámites, pagar derechos y respetar reglamentos, por lo que contar con una licencia municipal representa la voluntad expresa de cumplir con la ley. Sin embargo, advirtió que actualmente, cuando en las inmediaciones o al interior de un establecimiento ocurre un delito cometido por un tercero, en algunos casos la consecuencia inmediata es la clausura o la imposición de multas al negocio, aun cuando el propietario no haya participado ni tolerado el hecho.
“Y entonces ocurre algo profundamente injusto, quien también fue víctima termina siendo tratado como responsable”, subrayó Grecia Aguilar Mercado, al destacar que para pequeños comercios incluso unos días de cierre pueden significar pérdidas irreparables, el despido de trabajadores o el cierre definitivo.
La iniciativa establece que la comisión de un delito por parte de terceros no puede traducirse automáticamente en sanciones administrativas para el establecimiento. La propuesta plantea que toda medida sancionatoria deberá derivar de un procedimiento formal, con derecho de audiencia y con responsabilidad plenamente acreditada, garantizando el respeto al debido proceso.
La coordinadora parlamentaria de la fuerza naranja en el Congreso del Estado precisó que la reforma no busca debilitar las facultades de los municipios ni generar impunidad, sino asegurar que la potestad sancionadora se ejerza con legalidad, justicia y proporcionalidad.
Por lo anterior también se establece claramente que en los casos donde exista participación, encubrimiento o incumplimiento de la ley por parte del establecimiento, las sanciones deberán aplicarse con firmeza.
Finalmente, Grecia Aguilar Mercado afirmó que el deber del Poder Legislativo es proteger a quienes cumplen con la ley y trabajan honestamente, enviando un mensaje claro a miles de comerciantes michoacanos, ya que nadie debe perder el esfuerzo de toda una vida por un delito que no cometió, porque en un Estado de derecho la justicia comienza cuando se distingue entre quien causa el daño y quien también lo sufre.
