Con el objetivo de blindar el patrimonio de las familias michoacanas y poner fin a la impunidad en la apropiación ilegal de inmuebles, el diputado local David Martínez Gowman presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal estatal en materia de despojo agravado.
La propuesta busca actualizar los artículos 226 y 227, además de adicionar el 227 bis, para endurecer las sanciones y proteger específicamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Con esta acción, se propone elevar el castigo actual (de 1 a 5 años) a un rango de 3 a 10 años de prisión para quien cometa el delito de despojo. Además, se establecen agravantes severas cuando las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad, integrantes de comunidades indígenas o adultos mayores que vivan solos.
Esta iniciativa tipifica y sanciona la participación dolosa o negligente de funcionarios notariales que faciliten estos actos ilícitos mediante la falsificación o validación indebida de documentos. En casos de despojo reiterado o perpetrado por grupos organizados, las penas podrían alcanzar hasta los 20 años de cárcel.
“No podemos permitir que el esfuerzo de toda una vida de los michoacanos se pierda por lagunas legales o actos de corrupción. Esta reforma es un paso firme hacia la seguridad jurídica y la justicia social”, afirmó el legislador Martínez Gowman.
El legislador subrayó que el despojo no solo afecta la economía de las familias, sino que vulnera la paz social. Con esta reforma, se pretende que el sistema de justicia cuente con herramientas reales para castigar a los responsables y, sobre todo, para disuadir la comisión de este delito que ha crecido en diversas regiones del estado.
