En la ya acostumbrada rueda de prensa previa a la sesión legislativa, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, abordó dos temas; primero, la reforma laboral para reducir la jornada de trabajo de 48 a 40 horas, y, segundo, la desincorporación de inmuebles a propuesta del Ejecutivo estatal.
En lo que se refiere a la reducción de la jornada laboral, Gaona García hizo un comparativo del periodo “neoliberal” y la Cuarta Transformación (4T) en política salarial y, en el caso del tiempo neoliberal, tenían la consigna de que el salario mínimo se mantuviera por debajo de la inflación, lo que perjudicó, en todos los sentidos, a los trabajadores. En resumen, subrayó, en ese periodo se perdió el poder adquisitivo del salario.
Por el contrario, en ocho años, con la 4T se eliminaron prácticas que perjudicaban a los trabajadores -como el outsourcing-; se implementó la democracia sindical; año tras año, se ha ido recuperando el poder adquisitivo y el salario mínimo ya está por encima de la inflación.
Ahora, a esos logros, dijo, se suma la reforma laboral que reduce de 48 a 40 horas la jornada de trabajo semanal. La reducción será gradual, dos horas menos por año, por lo que en el 2030 la jornada laboral será, ya, de 40 horas.
En lo que hace a la desincorporación de inmuebles a propuesta por el Ejecutivo estatal, Gaona García aclaró que, en ese tema, no hay nada que esconder y en la lista hay 37 predios, que serían donados a dependencias del gobierno federal o administraciones municipales.
Esa propuesta, prosiguió, busca poner orden en inmuebles cuyo estatus se precisa actualizar. Ejemplificó con predios ubicados en los municipios de Lázaro Cárdenas, Morelia y La Piedad que están contemplados para donarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para guarderías y unidades familiares que se requieren.
Gaona García presentó el listado de 37 predios que el Ejecutivo estatal propone desincorporar del patrimonio del Gobierno de Michoacán, con el objetivo de regularizar su situación jurídica y destinarlos a distintas instituciones.
Aclaró que las donaciones no son para particulares, “eso está prohibido en el decreto que se está proponiendo” y en el caso de los ayuntamientos, los predios que se les donarían serán para fortalecer el patrimonio municipal.
Asimismo, en lo que concierne a los inmuebles que se pondrán a la venta, subrayó, nadie que trabaje en el gobierno estatal o ayuntamientos va a poder comprarlos, “ni siquiera sus familiares en segundo o tercer grado; nadie que trabaje en la administración pública va a poder ofertar para comprarlos”, sentenció.
Añadió que los recursos de la venta no se utilizarán para gasto corriente, serán para infraestructura en el estado.
