La diputada Fabiola Alanís presentó ante el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura una iniciativa de reforma al delito de cohabitación forzada establecido en el Código Penal del Estado, con el objetivo de cerrar brechas de impunidad y ampliar la protección de niñas y adolescentes frente a matrimonios y uniones infantiles.
Durante su intervención, la legisladora reconoció que en los últimos años se han logrado avances significativos en la garantía de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, gracias a la lucha histórica del movimiento de mujeres por la igualdad y una vida libre de violencias. Sin embargo, advirtió que persisten pendientes urgentes, particularmente en la erradicación de las uniones forzadas.
Recordó que desde 2019 el matrimonio infantil está prohibido en todo el país, pero esta disposición ha sido evadida mediante uniones informales, religiosas o justificadas en usos y costumbres. En Michoacán, aunque ya se tipificó el delito de cohabitación forzada, el contexto estatal exige fortalecer su aplicación.
De acuerdo con datos del Censo 2020, Michoacán es la tercera entidad con mayor tasa de matrimonios y uniones infantiles en el país, solo por debajo de Chiapas y Guerrero. Más de 13 mil niñas y adolescentes en el estado están casadas o viven en unión libre, lo que representa 55 por cada mil en este grupo de edad.
La diputada subrayó que la problemática se extiende a todo el territorio estatal, ya que la realidad es que, en todos los municipios del estado hay infancias viviendo esta situación, en la que debe presumirse alguna forma de violencias. Resaltó que, en 73 municipios, la tasa de matrimonios y uniones infantiles es mayor al promedio Estatal; y que en seis municipios, la incidencia prácticamente duplica la media, con más de 100 casos por cada mil niñas y adolescentes.
Ante este panorama, la iniciativa propone hacer efectivo el tipo penal mediante sanciones para quienes se beneficien directa o indirectamente de estas prácticas, así como incorporar como agravante la relación de parentesco o autoridad en abuso de poder.
Además, plantea un enfoque interseccional, poniendo especial atención a los casos en que las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o afromexicanos, o se encuentren en condiciones de discapacidad, migración o refugio.
La propuesta establece también que el delito se persiga de oficio y que se dicten medidas inmediatas de protección y reparación integral para las víctimas, en apego a estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos.
“Esta reforma no busca endurecer penas, sino garantizar que la ley se cumpla y que ninguna práctica formal o informal siga vulnerando los derechos de nuestras niñas y adolescentes”, afirmó.
La legisladora enfatizó que la prohibición civil del matrimonio infantil no es suficiente si las uniones forzadas continúan por otras vías, por lo que esta reforma cierra espacios de impunidad y refuerza la obligación del Estado de garantizar una vida libre de violencias.
