Que la jornada laboral de 40 horas no se convierta en una simulación y que quede garantizado en la Constitución el derecho a dos días reales y obligatorios de descanso, fue la exigencia planteada en la sesión en la que se avaló la reforma constitucional en materia de reducción de la jornada laboral, por la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, Grecia Aguilar Mercado, al emitir un voto a favor con postura crítica y de fondo.
Durante su intervención, la legisladora sostuvo que la discusión no puede reducirse a un ajuste técnico, sino que impacta directamente en el tiempo de vida de millones de trabajadoras y trabajadores que hoy enfrentan jornadas extensas, largos traslados y una segunda carga laboral en el hogar, lo que, dijo, evidencia que en México muchas personas viven para trabajar cuando debería ser al revés.
Grecia Aguilar Mercado recordó que el país registra un promedio de 2 mil 207 horas trabajadas al año, una de las cifras más altas a nivel internacional, sin que ello se refleje en mayores niveles de productividad o bienestar, por lo que insistió en que más horas no significan mejores resultados, sino mayor agotamiento, estrés y riesgos para la salud.
Señaló que la reducción a 40 horas semanales es una causa que Movimiento Ciudadano ha impulsado desde hace casi una década y que representa un estándar mínimo de dignidad laboral, al considerar que la mejor política social es la política laboral, aquella que coloca en el centro el bienestar de las personas y no únicamente los indicadores económicos.
No obstante, advirtió que la reforma aprobada mantiene el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso y no establece de manera expresa los dos días obligatorios, lo que a su juicio deja incompleto el objetivo de garantizar tiempo suficiente para la recuperación física, la convivencia familiar y la atención de responsabilidades personales.
También alertó que el incremento en el límite de horas extra podría abrir la puerta a simulaciones que desvirtúen la intención de la reforma, al permitir que en la práctica se mantengan cargas laborales similares bajo otra modalidad, además de que la implementación gradual hasta 2030 retrasa beneficios que, afirmó, deberían ser inmediatos.
La coordinadora parlamentaria dejó en claro que el voto a favor de su bancada no constituye un cheque en blanco, sino un respaldo responsable para avanzar en la ampliación de derechos, acompañado del compromiso de seguir impulsando ajustes que aseguren dos días reales de descanso y eviten que la reducción quede únicamente en el papel.
Finalmente, sostuvo que el descanso no es un privilegio, sino un componente esencial de la salud, la cohesión social y la dignidad, y reiteró que las personas trabajan para vivir y no al contrario, por lo que el Estado, está obligado a garantizar condiciones laborales que permitan un equilibrio verdadero entre trabajo y vida personal.
