Con el objetivo de prevenir que personal docente sancionado por acoso o abuso sexual vuelvan a tener contacto con estudiantes, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó en sesión la iniciativa para crear el Registro Estatal de Personas Docentes Sancionadas por Acoso y Abuso Sexual en el Ámbito Educativo en Michoacán.
Desde tribuna, la legisladora subrayó que el derecho a la educación no se limita al acceso a un aula, sino que implica garantizar que las escuelas sean espacios seguros, libres de violencia y de miedo.
En ese sentido, señaló que cuando una niña, niño o adolescente sufre acoso o abuso en el entorno escolar, no solo se vulnera su integridad, sino que se afecta su desarrollo emocional y su confianza en la autoridad.
Grecia Aguilar advirtió que los registros nacionales muestran una tendencia preocupante en materia de violencia en contextos escolares y que existe un alto subregistro en delitos sexuales, debido al miedo, la vergüenza y la desconfianza institucional.
En Michoacán, apuntó, distintas mediciones revelan que un número significativo de mujeres ha vivido algún tipo de violencia en el ámbito escolar.
Por ello, su propuesta contempla la creación de un registro administrativo, confidencial y de uso exclusivamente institucional, que incluirá únicamente a personas con resoluciones administrativas firmes o sentencias penales ejecutoriadas. No se integrarán denuncias en trámite, por lo que no se vulnera la presunción de inocencia ni el debido proceso.
Asimismo, con la reforma presentada por la diputada de la Fuerza Naranja se establece que antes de contratar, recontratar o reasignar personal docente, las autoridades educativas deberán consultar obligatoriamente este registro, cerrando la posibilidad de que una persona previamente sancionada cambie de plantel, municipio o subsistema sin verificación previa.
La coordinadora parlamentaria enfatizó que la iniciativa no va en contra del magisterio, sino que protege y dignifica la labor de la gran mayoría de maestras y maestros que ejercen con ética y vocación.
Finalmente, llamó a las y los legisladores a respaldar la propuesta, al afirmar que proteger a la niñez y adolescencia es una obligación constitucional y moral que no admite omisiones.
