Las juezas y los jueces del Poder Judicial de Michoacán continúan desarrollando su labor con profesionalismo y estricto apego al debido proceso, al conducir audiencias públicas, dictar resoluciones y garantizar los derechos de las partes en asuntos relevantes para la sociedad.
En recientes actuaciones en el sistema de justicia penal oral, se emitieron órdenes de aprehensión, se presidieron audiencias y se determinó la vinculación a proceso de personas imputadas por delitos graves, reafirmando el compromiso institucional con una justicia pronta, imparcial y transparente.
En el primer caso, un juez del sistema de justicia penal oral de Morelia libró orden de aprehensión de probable responsable del secuestro agravado de tres integrantes de una familia que se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, y luego de que fuera cumplimentada presidió la audiencia.
En ella, conoció la imputación formulada por la autoridad ministerial y garantizó el pleno ejercicio del derecho de defensa; luego de un análisis, determinó la vinculación a proceso de Alfredo “N” quien deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa y decretó 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.
En otro caso, derivado de la emisión de una orden de aprehensión que fuera cumplimentada en reclusión, en contra de César Alejandro “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado de un empresario y productor de limón en Apatzingán; un juez de oralidad penal de Michoacán presidió audiencia pública.
Después de más de 27 horas de audiencia desarrollada con estricto apego a la legalidad, escuchando a las partes, valorando lo expuesto y asegurando el respeto al debido proceso, principios fundamentales del sistema de justicia penal oral, el juez determinó vincular a proceso al imputado, estableciendo prisión preventiva oficiosa y un plazo de 4 meses para la investigación complementaria.
Con estas resoluciones, el Nuevo Poder Judicial de Michoacán refrenda el trabajo cotidiano de sus juezas y jueces para asegurar procesos penales sólidos, respetuosos de los derechos humanos y orientados a brindar certeza jurídica a las víctimas y a la sociedad, consolidando una impartición de justicia profesional, cercana y confiable.
