En sesión ordinaria, la Comisión Multidisciplinaria para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) analizó, discutió y determinó el Modelo de Gestión que propondrá al Órgano de Administración Judicial para la instrumentación del Sistema de Justicia Civil y Familiar que regula este ordenamiento nacional.
Durante la sesión, las y los integrantes de la Comisión acordaron presentar la propuesta 1, basada en Unidades de Gestión Regionales, las cuales se ubicarían en los siete principales distritos judiciales del estado: Apatzingán Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. Este esquema busca fortalecer la eficiencia en la atención de los asuntos civiles y familiares, así como optimizar los recursos humanos y materiales.
Con el objetivo de mantener una justicia cercana a la gente, el modelo contempla además la permanencia de Unidades de Gestión Auxiliares completas o Unidades de Atención, en las que juezas y jueces atenderán de manera virtual o itinerante en aquellos distritos donde la carga de trabajo así lo amerite, garantizando el acceso efectivo a la justicia en todo el territorio estatal.
Asimismo, se establece que los juicios en línea serán una prioridad, particularmente en aquellos tipos que, por su naturaleza, no impliquen controversia entre partes. Estos procedimientos se sustentan en la actuación de personas juzgadoras en línea, con el apoyo del personal de las Unidades de Atención, lo que permitirá acercar los servicios judiciales a la población y agilizar la resolución de asuntos.
Conviene señalar que, el modelo de gestión es el conjunto de lineamientos, procesos y formas de organización que permiten ordenar el trabajo jurisdiccional y administrativo, con el objetivo de optimizar el uso de recursos, agilizar la resolución de los asuntos y garantizar una atención eficiente y de calidad a las personas usuarias del sistema de justicia.
Con estas acciones, la Comisión Multidisciplinaria reitera que, desde su creación y de manera permanente, trabaja para cumplir con la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares dentro del plazo legal establecido, el cual vence en abril de 2027, refrendando el compromiso institucional con una justicia civil y familiar moderna, accesible y eficiente.
