Para consolidar un modelo mediante el cual el presupuesto se ejerza de forma planificada, transparente y orientada a resultados, permitiendo atender necesidades prioritarias de manera ordenada y con indicadores medibles, durante la primera sesión ordinaria de 2026 del Órgano de Administración Judicial se aprobó el organigrama institucional y el ejercicio del presupuesto anual bajo un esquema basado en programas.
Con la aprobación de estos acuerdos estratégicos para la operación y fortalecimiento institucional durante el presente año, se definió etiquetar recursos al menos para cinco rubros: “Rehabilitación y mantenimiento de inmuebles”, que contempla acciones en sedes judiciales del Palacio de Justicia José María Morelos, del Palacio de Justicia del Centro Histórico, los anexos al CERESO Mil Cumbres, así como en el interior del estado, con el objetivo de mejorar las condiciones físicas en las que se brinda el servicio de impartición de justicia.
“Escuela Estatal de Formación Judicial”, para promover la capacitación permanente del personal jurisdiccional y administrativo, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como el impulso a la carrera judicial.
“Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas”, a fin de robustecer las acciones institucionales en materia de derechos humanos, perspectiva de género y atención a grupos históricamente vulnerados.
Para el rubro de “Adquisición de tecnología y servicios informáticos”, orientados a modernizar los procesos, optimizar recursos y mejorar la eficiencia en la prestación del servicio judicial; y finalmente, “Dirección de Archivos”, para reforzar la difusión de la cultura histórica judicial, a través de eventos, exposiciones y publicaciones, por mencionar algunos.
Por lo que ve a la aprobación del organigrama permite, además, ordenar las funciones y responsabilidades de las distintas áreas, garantizando una estructura administrativa acorde con las necesidades actuales del Poder Judicial y con los retos que impone la modernización de la justicia.
Con estos acuerdos, el Órgano de Administración Judicial refrenda su compromiso con un uso responsable y estratégico de los recursos públicos, así como con el fortalecimiento de una justicia más eficiente, profesional, cercana y transparente para la sociedad michoacana.
