El Poder Judicial del Estado de Michoacán es consciente de los acontecimientos recientes en materia de seguridad y justicia, cuyo impacto en la paz y tranquilidad de las y los michoacanos ha generado acciones específicas en los tres niveles de gobierno.
Como garantes del debido proceso y, sobre todo, de la impartición de justicia expedita, pronta y completa, las personas juzgadoras del Poder Judicial de Michoacán estamos llamadas a resolver, dentro del ámbito de nuestras competencias, aquellos conflictos que la ley nos señala. En este contexto, la materia penal revela un mayor impacto social por la trascendencia que los delitos tienen en la vida de las personas.
Así, sabedores de los derechos humanos que están implicados en estos juicios, nos mostramos convencidos de que todo proceso legislativo que procure la generación de normas jurídicas que los protejan brindará certeza a los justiciables de que el Estado Mexicano se preocupa por toda persona que se vea inmersa en estos fenómenos delictivos, buscando garantizar la protección más amplia de sus derechos.
La iniciativa planteada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, expuesta en diversos medios, señala la necesidad de generar una protección específica para las personas víctimas, denunciantes o testigos, a fin de garantizar que su identidad no sea conocida sino hasta un momento específico dentro del proceso penal. Esto implica mantener en anonimato quiénes son estas personas desde su comparecencia ante la autoridad investigadora, lo que representa una protección excepcional ya prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 19, párrafo segundo, y 20, apartado C, fracción V, con el objetivo de reducir riesgos a su integridad o vida. No obstante, a nivel de la legislación secundaria, dicha protección llama a la necesidad de una revisión ante los alcances limitados de su vigencia.
Por ello, en el Poder Judicial de Michoacán nos mostramos convencidos de que, bajo los principios de legalidad y debido proceso, las acciones que se emprendan para reducir la criminalidad, cumplir los propósitos constitucionales del proceso penal y, sobre todo, generar protección a las personas que puedan estar en riesgo por su calidad de víctimas, denunciantes o testigos, constituyen las mejores rutas para potencializar la impartición de justicia.
En ese sentido, la iniciativa en materia de protección de datos de las víctimas, denunciantes o testigos, denominada “víctima, denunciante o testigo anónimos”, convoca a las y los michoacanos a conocerla y, especialmente, a comprender que su propósito es asegurar los fines del proceso penal y generar certeza de que el Estado Mexicano tiene un deber específico de garantía que favorezca su participación en los juicios, fortaleciendo la protección de su integridad.
