Con el firme propósito de fortalecer las políticas institucionales de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, se instaló el Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Poder Judicial de Michoacán.
Este órgano es el encargado de diseñar, coordinar, impulsar y evaluar políticas, programas, acciones tanto de capacitación como de sensibilización, así como lineamientos y protocolos para promover y garantizar los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, integrantes de la comunidad LGBTQ+, pueblos y comunidades indígenas y originarias, personas afrodescendientes, personas privadas de la libertad o sujetas a procedimientos judiciales y, de manera innovadora, de los seres sintientes, también conocidos como animales, que requieren también respeto, protección y garantías en la defensa de su integridad, vida y salud.
La magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos preside este Comité instalado por acuerdo del Órgano de Administración Judicial, y durante su mensaje refirió que este grupo de trabajo asume una responsabilidad institucional esencial: garantizar entornos inclusivos, accesibles, libres de discriminación y con la protección debida para quienes así lo requieren.
El magistrado Luis Felipe Quintero Valois enfatizó que la consolidación del nuevo Poder Judicial exige adoptar perspectivas integrales -de género, infancia, personas mayores, entre otras- para tomar decisiones más justas; con este comité, Michoacán se convierte en el primer Poder Judicial del país que incorpora la perspectiva de seres sintientes de manera formal a un órgano institucional.
Por su parte, el magistrado presidente Hugo Gama Coria celebró la instalación de este comité, les tomó la protesta y señaló que forma parte de la nueva dinámica institucional enfocada en garantizar los derechos humanos de todas las personas, especialmente de quienes forman parte de grupos vulnerables. Reiteró la importancia de contar con herramientas para asegurar el acceso a la justicia –como intérpretes de lengua de señas y espacios físicos adecuados- y recalcó que en el nuevo Poder Judicial no se permiten ni se toleran actos de discriminación y, de suceder, se debe dar vista al Tribunal de Disciplina Judicial para que se tomen las medidas necesarias.
El titular de la Escuela Estatal de Formación Judicial, Hill Arturo del Río Ramírez, señaló que la institución incorporará de manera transversal estos temas en todas sus actividades académicas. El director administrativo, Alan Juan Rodríguez Manríquez, destacó la relevancia de que las áreas administrativas formen parte del Comité, pues son quienes proyectan presupuestos basados en necesidades reales. A su vez, María Marbella Reynoso Juárez, titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas, informó que la próxima semana continuarán los trabajos derivados de la reunión sostenida con un colectivo de personas con discapacidad, cuyo pliego petitorio será analizado para definir acciones específicas; además, ya se preparan encuentros con otros grupos y organizaciones.
El Comité quedó integrado por la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos (quien preside), el magistrado Luis Felipe Quintero Valois, el director administrativo Alan Juan Rodríguez Manríquez, la titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas, María Marbella Reynoso Juárez, así como el titular de la Escuela Estatal de Formación Judicial, Hill Arturo del Río Ramírez. Además, se podrán invitar, con voz pero sin voto, a personas expertas y enlaces técnicos en temas relacionados, como instancias de protección animal, organismos de derechos humanos, representantes de comunidades indígenas o colectivos de diversidad sexual, según la naturaleza de los asuntos a tratar.
Entre sus funciones destacan: impulsar campañas y programas de capacitación sobre derechos de grupos vulnerables; proponer convenios con instituciones públicas y privadas para fortalecer la inclusión; incorporar, cuando sea pertinente y autorizado, políticas con perspectiva animal integral para garantizar estándares adecuados de trato y manejo de animales involucrados en procedimientos judiciales; y establecer criterios y mecanismos de evaluación que aseguren la correcta aplicación de estas políticas en toda la institución.
Con la instalación de este Comité, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con una impartición de justicia incluyente, accesible y respetuosa de la dignidad humana, orientada a eliminar barreras y garantizar los derechos de quienes históricamente han enfrentado situaciones de vulnerabilidad.
