El fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación sobre la explosión registrada el 6 de diciembre en Coahuayana, incidente que dejó cinco personas fallecidas y siete lesionadas. Explicó que el hecho ocurrió aproximadamente a las 11:40 horas frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria, donde una camioneta presuntamente cargada con explosivos detonó al arribar al lugar.
Torres Piña detalló que tres de las personas fallecidas pertenecían a la Policía Comunitaria y ya fueron identificadas y entregadas a sus familias. Las dos víctimas restantes continúan sin identificación; una de ellas sería, según las primeras líneas de investigación, el conductor del vehículo involucrado. Sobre las personas lesionadas, seis reciben atención en clínicas de la región y una más fue trasladada a Morelia para valoración especializada.
El fiscal explicó que personal de las fiscalías regionales de Guacamay y Lázaro Cárdenas, así como un equipo especializado en investigación posterior a explosiones, se movilizó al sitio desde las primeras horas. Junto con efectivos de FGR, SEDENA y Marina, se estableció un esquema de trabajo dividido en polígonos para recolectar indicios y determinar la composición del artefacto y la mecánica de los hechos.
Con base en los primeros peritajes, los daños materiales abarcan un radio aproximado de 300 metros en sentido horizontal y 50 metros en sentido vertical, afectando inmuebles cercanos, instalaciones de la Policía Comunitaria y 12 vehículos dañados por la onda expansiva. Además, se reportaron daños en comercios locales —entre ellos una panadería y una carnicería— y en diversos domicilios, así como ruptura de cristales en edificios públicos.
Torres Piña indicó que la camioneta presuntamente utilizada para trasladar los explosivos ingresó desde el estado de Colima alrededor de las 8:30 horas y fue vista recorriendo la carretera 200 antes de llegar a Coahuayana. Precisó que especialistas en química, balística, arquitectura forense, genética, imagen y agentes de investigación continúan en campo y que será la FGR quien definirá el tipo penal aplicable.
Tras la intervención del fiscal, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, informó que desde el sábado se activaron protocolos de reacción inmediata por parte de Protección Civil y Seguridad Pública, utilizando ambulancias aéreas para la atención de heridos. Señaló que no se reportan víctimas civiles mortales y que las dos personas civiles lesionadas se encuentran fuera de peligro.
Agregó que el Gobernador del Estado se trasladó este domingo al municipio para reunirse con familiares de las víctimas, supervisar la atención médica, psicológica y legal que brindan la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y revisar los daños materiales de los comercios afectados para coordinar apoyos.
Zepeda también precisó que el secretario de Seguridad Pública, Antonio Cruz, permanece en Coahuayana desde el sábado coordinando las acciones operativas con Fuerzas Armadas y autoridades federales. Indicó que el reforzamiento de seguridad forma parte del Plan Michoacán y, específicamente, del Plan Contención, que opera en los municipios fronterizos con Colima.
Sobre los cuestionamientos de la prensa respecto a la posible tipificación del hecho como terrorismo y a la presunta participación del Cártel Jalisco, el fiscal reiteró que será la FGR quien determine la naturaleza jurídica del hecho. Respecto a incidentes registrados en otras zonas del estado, señaló que el enfrentamiento reciente en la región de Zamora derivó en la quema de un tráiler, acción que fue contenida mediante un operativo inmediato para evitar nuevos bloqueos.
Las autoridades estatales confirmaron que la vigilancia en la región costera será reforzada de manera permanente mientras avanza la investigación federal sobre la explosión en Coahuayana.
