• El diputado del PRD propone reconocer la discriminación escolar como una forma de violencia y establecer mecanismos claros para prevenir, denunciar y sancionar estos actos.
Con el objetivo de garantizar una educación libre de exclusión y violencia, el diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley para la Atención de la Violencia Escolar, que busca reconocer la discriminación escolar como una forma específica de agresión, así como establecer mecanismos de prevención, atención y sanción en los centros educativos de Michoacán.
La propuesta adiciona diversas fracciones a los artículos 2°, 4°, 8° y 38 de la ley vigente, con el propósito de incorporar protocolos específicos para atender casos de discriminación, reforzar el papel del Consejo Preventivo de la Violencia Escolar y promover campañas educativas permanentes sobre igualdad, diversidad y derechos humanos.
“La escuela debe ser un espacio donde todas las niñas, niños y adolescentes aprendan y se desarrollen sin miedo, sin burlas, sin exclusión. No podemos permitir que la discriminación siga normalizándose como parte de la vida escolar”, señaló Ocampo durante la presentación de la iniciativa.
Destacó que de acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil 2018, Michoacán se ubicó como el cuarto estado con mayor discriminación hacia la niñez y adolescencia, con un 36.7 % de menores que afirmaron haberse sentido discriminados. Entre ellos, el 40.9 % pertenecían a comunidades indígenas y casi la mitad tenía alguna discapacidad.
Asimismo, datos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva (Seimujer) muestran que en 2021, tres de cada diez estudiantes michoacanas reportaron haber sufrido violencia en el entorno escolar, mientras que el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación documentó en 2025 varios casos por apariencia física o identidad de género, como el de una alumna de Pátzcuaro excluida por su expresión de género.
Estas cifras, sumadas al incremento de la percepción de discriminación en la población adulta (que pasó del 16.5 % en 2017 al 21.8 % en 2022 según la ENADIS), revelan la necesidad de fortalecer la legislación estatal para proteger la dignidad y diversidad en las aulas.
Con esta reforma, se pretende que los planteles educativos implementen programas de sensibilización, protocolos de denuncia y sanciones claras frente a cualquier forma de discriminación por género, discapacidad, etnia, religión, orientación sexual o apariencia física.
“Educar en igualdad no es una opción política, es una obligación moral y legal. Si no garantizamos espacios inclusivos desde la escuela, seguiremos reproduciendo desigualdades en toda la sociedad”, expresó el legislador perredista.
De aprobarse, esta iniciativa colocaría a Michoacán a la vanguardia nacional en materia de prevención de la violencia y discriminación escolar, alineando su marco jurídico con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
