Con la finalidad de ampliar el reconocimiento legal de los derechos de la infancia en Michoacán, las y los legisladores del Congreso del Estado de Michoacán votaron a favor de reformas a los artículos 5°, 14 Bis y 54 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo.
Con las nuevas disposiciones, el Pleno de la 76 Legislatura definió el concepto de Violencias contra las niñas, niños y adolescentes como toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
El Artículo 14 Bis precisa que la Niñas, niños y adolescentes, nacionales o extranjeros, podrán comprobar su identidad con documento válido y legal emitido por la autoridad competente. Sin que la falta de la documentación para acreditar su identidad sea obstáculo para garantizar sus derechos, en ninguna circunstancia.
Mientras que en el Artículo 54 se mandata que las autoridades estatales, garantizarán que en los procedimientos jurisdiccionales se emitan las medidas de protección urgentes o cautelares necesarias para garantizar la prevención de posibles daños a su integridad personal, así como para evitar cualquier tipo de violencias en su contra.
También, que dichas autoridades deberán realizar de manera oficiosa y asequible las pruebas psicológicas y de entorno social necesarias para garantizar la prevención y protección adecuada de niñas, niños y adolescentes que resulten víctimas de cualquier tipo de violencias.
De acuerdo con el Dictamen elaborado por la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia, sobre la iniciativa presentada por las diputadas Brissa Ireri Arroyo Martínez, Ana Belinda Hurtado Marín, Adriana Campos Huirache, Grecia Jennifer Aguilar Mercado, Diana Mariel Espinoza Mercado, Sandra María Arreola Ruiz, Ana Vanessa Caratachea Sánchez y María Itzé Camacho Zapiaín, su finalidad es ampliar el reconocimiento legal de los derechos de la infancia en Michoacán.
Lo anterior, estableciendo disposiciones claras para identificar y actuar ante diversas formas de violencia, así como proteger a los menores sin documentación, garantizando el principio de no exclusión por motivos administrativos.
Cabe destacar que la iniciativa responde al incremento de casos de violencia infantil en el Estado y a las barreras que enfrentan menores indocumentados, lo que permitirá mayor reacción institucional y mejor atención multidisciplinaria en casos de riesgo.
Con las reformas aprobadas se refuerza el sistema estatal de protección integral, garantiza la igualdad de derechos sin discriminación y dota a las autoridades de mecanismos claros y eficaces para la protección inmediata de la niñez michoacana.
