Con pasos firmes hacia la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Comisión Multidisciplinaria del Poder Judicial de Michoacán, encargada de lograr ese fin, se reunió con un grupo de personas juzgadoras que compartieron su experiencia ante la implementación del sistema de justicia penal, acusatorio y oral en la entidad, que inició de manera escalonada en marzo de 2015.
Se trata de la magistrada Martha Magaly Vega Alfaro, el magistrado Manuel Padilla Téllez, la coordinadora de gestión del sistema oral penal Selene Vázquez Garibay y el juez Wilfrido Tapia López, quienes en ese momento se desempeñaban como personas juzgadoras y parte del personal administrativo. Entre otras cosas, compartieron las necesidades que se fueron identificando conforme iba avanzando el proceso.
Señalaron que, durante la transición al sistema penal acusatorio, uno de los principales retos fueron las técnicas de aplicación del nuevo modelo, pues su dominio exigía ajustes graduales y constantes. Debido a la naturaleza de los asuntos penales y al impacto que representó el cambio, fue necesario establecer modelos de trabajo por región, fortalecer la coordinación administrativa y unificar los criterios de actuación entre las personas juzgadoras.
Destacaron además que la capacitación continua, tanto del personal jurisdiccional como administrativo, y el apoyo de las instituciones intervinientes fueron elementos clave; ahora, compartir esas experiencias permite anticipar retos y prevenir dificultades en la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Por otro lado, durante la misma sesión, personal de la Escuela Estatal de Formación Judicial presentó un proyecto de actividades académicas, para su aprobación y eventual presentación ante el Órgano de Administración Judicial, con la oferta de capacitación para el personal que intervendrá en estos procesos.
Cabe recordar que los trabajos para la implementación efectiva del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, antes del 1 de abril de 2027, representa una prioridad para el Nuevo Poder Judicial de Michoacán, ya que acercará la justicia a la ciudadanía con un modelo más humano, accesible y ágil, que permita resolver los conflictos familiares y civiles de manera más clara, oportuna y eficiente.
