Juezas y jueces del Poder Judicial de Michoacán reafirman su compromiso con la impartición de justicia a través de resoluciones emitidas en Morelia, Uruapan y Zamora, donde se dictaron vinculaciones a proceso, medidas cautelares y fallos condenatorios en distintos asuntos penales.
En el caso de Morelia, una jueza de oralidad penal de Morelia vinculó a proceso a una funcionaria pública que se desempeñaba como agente del Ministerio Público, Brenda M.R., por el delito de cohecho en agravio de una mujer de identidad reservada, durante la audiencia se determinó reclasificar el delito que inicialmente se había atribuido como extorsión agravada.
Asimismo, impuso las medidas cautelares de presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares cada quince días; la prohibición de acercarse, convivir o comunicarse con la víctima, ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores público. Por último, la jueza fijó un plazo de dos meses y medio para el cierre de la investigación complementaria, que concluye el 3 de febrero de 2026.
En Uruapan se vinculó a proceso a Olaf Antonio C.B. por los delitos de incumplimiento de la obligación alimentaria y violencia familiar, en agravio de una mujer de identidad reservada. Se presume que el imputado no realizó los pagos de la pensión provisional fijada por un juzgado familiar —por un monto mensual de $19,111.11— acumulando un adeudo de más 57 mil pesos. Además, la víctima refirió haber recibido amenazas reiteradas, constituyendo violencia psicológica.
El juez impuso las medidas cautelares de presentación periódica, prohibición de salir del país y no acercarse a la víctima, su domicilio, ni testigos. Se estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria.
Por otro lado, en la región de Zamora un juez de oralidad penal dictó fallo condenatorio a Agustín M.N. por la violación equiparada agravada, de sus dos menores hijas de identidad reservada. El próximo 26 de noviembre se llevará a cabo la audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño.
Y por último, en la misma región se emitió fallo condenatorio de 4 años de prisión, a través de un procedimiento abreviado, a Víctor Aureliano G.V. por el homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de Jorge L.G. y Jesús Alberto L.G. El sentenciado cubrió el pago de la reparación del daño a las víctimas por la cantidad de 150 mil pesos, por los hechos que ocurrieron el 17 de abril de 2021 en la comunidad de Naranja de Tapia, perteneciente al municipio de Zacapu.
