El diputado local, David Martínez Gowman presentó ante el pleno del Congreso del Estado, una iniciativa, que busca reformar uno de los artículos del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo que tiene como finalidad, tipificar el delito de fraude parental para aquellas personas que, de manera dolosa, pretendan atribuir o atribuyan las obligaciones de alimentos a terceros, incluso derechos hereditarios, brindándoles así la oportunidad a los hombres víctimas de este acto, la posibilidad de solicitar el desconocimiento civil y familiar de los derechos que como posible padre se le atribuían, así como la reparación del daño derivada de un hecho ilícito correspondiente.
El legislador explicó que atribuirle de manera falsa y sin consentimiento la paternidad de un menor a un hombre le implicaría otorgarle alimentos y derechos hereditarios a un hijo o hija que en realidad no es suyo.
Aunado a ello, este engaño trae consigo consecuencias emocionales para el supuesto padre al creer que se trata de su descendiente directo, pues la paternidad va más allá de proveer sustento económico a los hijos e hijas, ya que implica el formar un lazo y una conexión irremplazable de amor, cuidado y protección. Asimismo, para la niña o niño, las consecuencias emocionales del engaño pueden ser inclusive traumáticas, advirtió David Martínez.
Ante estos problemas sociales y jurídicos, “es prioritario atender la historia que viven muchos hombres que tienen que pagar manutención de hijos no biológicos, y peor aún, niños a enfrentarse al trauma de darse cuenta de que el hombre que creían su padre no lo es”, resaltó el diputado ante el pleno.
Esta problemática a lo largo de los años, explicó, “ha afectado a los hombres y que a su vez atenta contra el interés superior de la niñez, mismo reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, como fraude de paternidad, el cual ocurre cuando a un hombre se le hace creer, de manera intencional, que es el padre biológico cuando en realidad no lo es”.
David Martínez exhortó a sus compañeros diputados a legislar para proteger los derechos parentales y garantizar el bienestar de las niñas y niños.
