Comprometido con impartir justicia con perspectiva de género, el nuevo Poder Judicial de Michoacán garantiza el acceso a la justicia y acata la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en referencia a la determinación de revocar una determinación dictada por un magistrado en segunda instancia en años anteriores.
Como antecedente, en el caso de feminicidio de Jessica G. V. en Morelia, un juez local dictó la sentencia máxima de 50 años de prisión al acusado. En una revisión posterior, el magistrado que conoció del asunto determinó una reducción de la pena, motivando su determinación.
Con la resolución emitida el día de hoy por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se aprobó de manera unánime el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, se concede el amparo a las víctimas indirectas, se revoca la sentencia recurrida y se ordena al Tribunal de Alzada responsable dejarla sin efectos para que se individualice nuevamente la pena conforme a los principios constitucionales y de proporcionalidad en casos de violencia feminicida.
Una vez que el asunto esté en manos de una nueva Sala Unitaria Penal de la Región Morelia, el magistrado o magistrada emitirá una nueva sentencia, garantizando el acceso efectivo a la justicia y respetando la decisión de la Corte.
El nuevo Poder Judicial de Michoacán es sensible a las necesidades de la ciudadanía e imparte justicia de manera eficaz, con humanidad y cercanía. Se trabaja día a día para construir una institución confiable, transparente y comprometida con los derechos humanos, que responda a las exigencias de la sociedad y asegure una justicia que verdaderamente transforme vidas.
