El Congreso del Estado dotó de una nueva Ley Orgánica a la Fiscalía General del Estado, mediante la cual genera una reestructura para la procuración de justicia, el combate a la impunidad, la protección a las víctimas así como el fortalecimiento del Estado de derecho con transparencia y eficacia.
Con el nuevo marco jurídico, las y los legisladores de la Septuagésima Sexta Legislatura buscan fortalecer la institución a través de 9 ejes fundamentales: Autonomía Plena y Gobernanza; Modernización Tecnológica y Eficiencia; Atención a Víctimas y Derechos Humanos; Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas; Inclusión y Justicia Intercultural; Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos; Especialización en Delitos Financieros y Patrimoniales; Control y Profesionalización; y, Combate a la Corrupción Judicial y Transparencia.
Con dichos ejes, se mandata una reorganización estructural basada en vicefiscalías funcionales, con independencia operativa para fiscalías especializadas en temas de corrupción y delitos electorales; la adopción de un ecosistema tecnológico integral para reducir los tiempos de atención, combatir la dilación ministerial y generar confianza ciudadana.
De igual forma, pugna por la reparación del daño y garantizar un trato digno, con un modelo de atención integral que evita la revictimización; por un principio de inmediatez de la búsqueda sin demora y la eliminación de la distinción entre “persona desaparecida” y “persona no localizada”; y por la colaboración con instituciones de seguridad comunal para asegurar que la procuración de justicia sea sensible a los usos y costumbres, la lengua y la cosmovisión de las comunidades.
En la nueva Ley Orgánica, se establece un modelo de atención digital, cuyos principales objetivos son agilizar las investigaciones, facilitar a las personas el acercamiento a la fiscalía y que éstas puedan dar un seguimiento a la carpeta de investigación sin necesidad de acudir a la fiscalía en forma presencial.
También se contempla la creación de cinco Vicefiscalías: de Inteligencia e investigación criminal; de control interno y evaluación; Vicefiscalía general de operaciones y coordinación territorial; la de delitos de alto impacto; y, la de derechos humanos.
Con su aprobación, las y los legisladores otorgaron un plazo no mayor a 60 días naturales para la expedición de su reglamento; 30 días hábiles para que se dote de los recursos humanos y materiales a las unidades administrativas de nueva creación; un plazo no mayor de 6 meses para la puesta en operación de ecosistema tecnológico, así como para celebrar todos aquellos convenios con los Poderes Constitucionales y cualquier otra autoridad o prestador de servicios, necesarios para que entre en función y operatividad.
