Con la finalidad de generar un protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y el acoso sexual en el Congreso del Estado, el Poder Legislativo a través de la Contraloría Interna, concluyeron las mesas de trabajo interinstitucionales a fin de escuchar y plasmar ideas y puntos de vista que abonen a dicho protocolo.
La encargada del despacho de la Contraloría Interna, Brenda Fraga Gutiérrez, afirmó que se busca que dicho protocolo sea diseñado con un plan anual, el cual la idea es que comience a funcionar en este mes y hasta el año 2026.
La funcionaria del Congreso del Estado, acompañada del Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), Rogelio Andrade Vargas, manifestó que “con este tipo de acciones pretendemos visibilizar el problema real que aún existe en diversas dependencias, si bien reconocemos que se ha trabajado en ello, también es real que hacen falta protocolos para que sepamos cómo actuar y qué hacer en caso de que seamos víctimas de acoso u hostigamiento”.
Brenda Fraga, detalló que con base en las ideas y propuestas expuestas en las diversas mesas de trabajo, se armará el protocolo y el plan anual de trabajo, para posteriormente presentarlo ante el Comité para la Atención a la Violencia de Género en la Modalidad de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual del Congreso del Estado, después pasará a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y enseguida se turnará para su discusión y votación al Pleno.
Previo al arranque de los trabajos de este martes, la magistrada presidenta del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán, Lizzet Puebla Solórzano, presentó una plática en la que se abordó a grandes rasgos el tipo de procedimientos que se llevan a cabo, la forma de hacer denuncias y desde luego, la investigación que realizan las autoridades competentes en esta materia.
Estás acciones se focalizan en tres temas, uno por mesa de trabajo: en la primera, fortalecer los mecanismos internos de investigación y sanción; en la segunda, asegurar la imparcialidad y legalidad de los procedimientos; y en la tercera, garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.
