• En Michoacán hay municipios que gastan hasta el 70% del presupuesto municipal al pago de nóminas y gasto corriente.
El Diputado Alfredo Anaya Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), presentó una iniciativa para reformar la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, con el objetivo de establecer límites claros al gasto corriente municipal y priorizar la inversión en obra pública y servicios esenciales.
El integrante de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, señaló que el municipio, al ser el primer nivel de gobierno con el que la población interactúa directamente tiene responsabilidades fundamentales como el alumbrado público, la recolección de residuos, el mantenimiento de vialidades, la seguridad pública y la ejecución de obras que mejoran la calidad de vida en zonas urbanas y rurales. Sin embargo, en Michoacán persiste una preocupante tendencia: 70% del presupuesto municipal se destina al pago de nóminas y gasto corriente, dejando mínimos recursos para infraestructura y desarrollo social.
“Durante años hemos sido testigos de cómo los recursos de los Ayuntamientos, en lugar de traducirse en calles pavimentadas, drenajes funcionales, parques seguros o alumbrado digno, se van diluyendo en nóminas infladas, contrataciones discrecionales y gasto corriente que no genera bienestar. Municipios que reciben participaciones y recaudan ingresos propios suficientes, pero que destinan hasta el 70% de su presupuesto al pago de sueldos y compensaciones, dejando poco porcentaje para la obra pública”, explicó en tribuna.
Por ello, propuso una reforma para la disciplina financiera de los municipios que límite del 40% de los ingresos propios para servicios personales (nómina), asegurando que al menos el 60% se destine a obra pública, infraestructura y servicios municipales y que se estipule una restricción de nuevas contrataciones en el tercer año de gobierno (coincidente con procesos electorales), salvo sustituciones debidamente justificadas, para evitar el uso clientelar de recursos públicos.
Y es que Anaya Orozco acusó que “en el tercer año de cada administración municipal —justo cuando se acercan los tiempos electorales— aparece un fenómeno recurrente: nuevas contrataciones sin justificación técnica, aumentos salariales fuera de proporción y estructuras infladas con fines políticos. Es el año donde el dinero del pueblo se 3 convierte en capital electoral”.
Esta medida busca reducir el gasto burocrático excesivo y estructuras administrativas innecesarias, fortalecer la inversión en obras con impacto social y económico, evitar el desvío de fondos públicos para fines político-electorales y promover gobiernos municipales eficientes, austeros y comprometidos con el bienestar ciudadano.
“Es momento de frenar el despilfarro, el nepotismo y el uso político del erario. Esta iniciativa no solo combate la corrupción, sino que fortalece la confianza ciudadana en nuestras instituciones”, declaró el diputado Anaya Orozco.
Con esta reforma, Michoacán avanza hacia municipios más transparentes, eficaces y enfocados en el desarrollo comunitario.
