- Se busca fortalecer la justicia ambiental, garantizar la reparación del daño ecológico y avanzar hacia un Michoacán más verde y responsable
Con el objetivo de frenar la impunidad de empresas que contaminan y luego desaparecen para evadir sus responsabilidades, la diputada Sandra Arreola Ruíz presentó en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma que busca establecer la responsabilidad ambiental directa de socios, accionistas y administradores, incluso cuando una empresa se disuelva legalmente.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) señaló que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad ética y social que no debe eludirse mediante tecnicismos legales.
“Muchas empresas que causan daño ambiental optan por disolverse jurídicamente para evadir sus obligaciones. Esto deja a las comunidades afectadas y al Estado con la carga de asumir los costos de remediación ambiental”, expresó desde tribuna.
Actualmente, la ley permite que personas morales desaparezcan sin que haya reparación del daño, aun cuando sus integrantes se hayan beneficiado directamente de actividades contaminantes. Esta situación, afirmó, representa un grave vacío jurídico que fomenta la irresponsabilidad corporativa.
Arreola Ruíz destacó que en México, solo el 15.9 % de las grandes empresas cumplen cabalmente con la normatividad ambiental, mientras que de las 340 empresas con licencia ambiental en Michoacán, alrededor de 100 presentan irregularidades, incluyendo emisiones contaminantes fuera de norma y documentación desactualizada.
El 30 % de las industrias michoacanas han adoptado procesos sustentables, mientras que en el sector plástico, el 70 % corre riesgo de cierre si se aplicaran medidas ecológicas estrictas. Existen al menos 100 tiraderos clandestinos en el estado, que vierten diariamente unas 4,000 toneladas de residuos, de los cuales solo el 5 % se recicla, por lo que en 2024, la Procuraduría de Protección al Ambiente inició 372 procedimientos administrativos contra infractores ambientales, siendo Morelia el municipio con más expedientes.
La iniciativa propone que, en caso de disolución de una empresa, la obligación de remediar el daño ambiental no desaparezca, sino que recaiga proporcionalmente en las personas que conformaban la empresa, ya sea como socios, accionistas o administradores.
“Si alguien contamina, debe reparar. Si alguien daña, debe responder. Nadie debe esconderse detrás de una razón social para evadir su responsabilidad con el medio ambiente”, concluyó la legisladora.
Con esta propuesta, se busca fortalecer la justicia
