El Congreso del Estado reformó la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán integrando nuevos mecanismos para combatir la violencia escolar en todos los niveles, al definir protocolos en cada nivel educativo y al dotar mayores atribuciones al Consejo Preventivo de la Violencia Escolar.
La Comisión de Educación puso a consideración del Pleno Legislativo la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, presentada por los CC. Jesús Eduardo Mendoza Gómez, Estrella del Rocío López Maciel y Julieta Estephanía Carrillo León.
Con las reformas al ordenamiento jurídico, se definió que la Secretaría de Educación, asignará mayores recursos al Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán, exclusivamente para la implementación de las estrategias de prevención, difusión, consultas, foros, conferencias, entre otras sobre la problemática de la violencia escolar.
Sobre su integración, las y los diputados, definieron que éste, deberá tener como integrantes a un representante de las y los estudiantes por cada nivel educativo, así como a dos representantes de la sociedad civil, que cuenten con conocimientos en la materia.
Con su voto a favor, la 76 Legislatura le dotó la facultad al Consejo para que pueda solicitar a las instituciones educativas informes sobre el estado que guardan las denuncias o relaciones de hechos en que se han visto involucradas, con el fin de integrar un registro que dé cuenta del estado que guardan los casos suscitados en el Estado.
También se le facultó al Consejo Preventivo de la Violencia Escolar para que pueda sesionar cada 2 meses, dándole mayor agilidad de operación en su vida interna; así mismo, para que se coordine con la Fiscalía General del Estado u otras instituciones para realizar capacitación a las instituciones educativas, respecto a las procedimientos de la presentación de denuncias derivadas de delitos que se pueden suscitar en el ámbito escolar.
En el Dictamen también se definió que cuando se presenten casos de violencia escolar, las autoridades procurarán conciliar a los involucrados, con excepción de aquellos delitos que no contemple esa figura conciliatoria; y cuando un trabajador de la educación en el estado, produzca violencia hacia niñas, niños o adolescentes, las autoridades escolares se encargarán de turnar el expediente de hechos al órgano interno de control y deberá dar vista al Consejo; en el caso de instituciones privadas, las autoridades educativas actuarán de acuerdo al contrato individual de trabajo, y emitirá las recomendaciones pertinentes para que madre, padre o tutor acudan ante las instancias legales competentes.
