El diputado de Movimiento Ciudadano, lamentó se haya normalizado e invisibilizado en el sistema de salud
La violencia obstétrica lamentablemente ha sido normalizada e invisibilizada en el sistema de salud, por ello, debe ser erradicada en su totalidad, advirtió el diputado Toño Carreño Sosa.
En ese sentido, el legislador de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa de reforma a la ley de salud, al considerar la violencia obstétrica como una forma de violencia en contra de las mujeres.
Las cifras son claras y dolorosas, sentenció en tribuna; en Michoacán, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI, el 32 por ciento de las mujeres, reportaron haber sido víctimas de violencia obstétrica, es decir, casi una de cada tres mujeres ha enfrentado maltrato o humillaciones.
Incluso, agregó Toño Carreño, procedimientos sin consentimiento o negación de atención médica durante el embarazo, el parto o el puerperio. Y lo peor: estas cifras superan el promedio nacional.
Esta realidad, dijo, no es un hecho aislado, es parte de un sistema institucional que ha permitido prácticas deshumanizantes dentro de los servicios de salud, particularmente contra las mujeres, en su etapa más vulnerable: cuando están por dar vida.
Lo anterior, agregó el diputado de la bancada naranja, se agrava en zonas rurales o indígenas, así que se debe erradicar; “no podemos seguir tolerando que se les grite, que se les niegue información, que se les someta a cesáreas innecesarias o se les practiquen intervenciones sin su consentimiento”.
De esta manera, dijo, la iniciativa presentada tiene dos objetivos fundamentales; reconocer de forma expresa la violencia obstétrica como una modalidad específica de violencia de género dentro de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.
Además, reformar la Ley de Salud para que se garantice un protocolo de atención con enfoque de parto humanizado, basado en los derechos humanos, la autonomía, el consentimiento informado y el trato digno.
Lo anterior, finalizó, a través del diseño de políticas públicas específicas, que supervise los centros de reproducción asistida, que emita reglamentaciones con perspectiva de género y que promueva investigaciones sobre las causas y consecuencias de esta violencia.
