*Presentó iniciativa de reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado
El diputado Toño Carreño Sosa, presentó una iniciativa para que sea una obligación en todos los centros de trabajo públicos, la creación de lactarios.
En tribunal, el legislador por Movimiento Ciudadano consideró que los derechos humanos deben ser respetados desde el Estado y en todos los poderes públicos que representan.
Así, indicó, se propone reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, debido a que actualmente vivimos una contradicción profunda: el Estado reconoce el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus hijas e hijos, pero no les proporciona los espacios adecuados para hacerlo de manera digna, segura e higiénica.
Para la bancada naranja es muy importante, agregó Toño Carreño, que se les otorguen las condiciones completas a las madres que necesitan amamantar a sus pequeños, ya que deben garantizarse todos los medios para un adecuado desarrollo de las infancias.
“Sabemos por evidencia científica y por acuerdos internacionales que México ha ratificado, abundó el legislador, que la lactancia materna es clave para ese desarrollo. No es una recomendación médica: es un derecho humano de la infancia y de las madres”, remarcó.
El diputado lanzó el cuestionamiento de “¿cómo puede el Estado predicar con el ejemplo si ni siquiera cumple con las condiciones mínimas establecidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2021, que señala con claridad los criterios para la instalación de lactarios?”.
Entonces, dijo, este “es un problema estructural que afecta de manera particular a las mujeres trabajadoras del sector público, y que se agrava en comunidades marginadas, rurales o indígenas. Ahí donde ser madre, trabajadora y cuidadora es un triple esfuerzo que no cuenta con respaldo institucional”.
“En Michoacán, como en muchos otros estados, persiste un rezago en la implementación de políticas que reconozcan de manera integral los derechos reproductivos y laborales de las mujeres”, añadió.
Finalmente, Toño Carreño dijo que no se trata solo de justicia social; “invertir en lactarios no es un gasto: es una decisión estratégica que fortalece la administración pública, promueve la salud y garantiza derechos. Es una obligación moral, jurídica y constitucional; es verdaderamente legislar con perspectiva de género”.
