• La reforma protege a comunidades vulnerables y alinea la ley con el Acuerdo de Escazú.
La legisladora Vanhe Caratachea presentó una iniciativa conjunta con siete diputadas que busca reformar la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán, con el objetivo de incorporar de manera expresa el principio de justicia ambiental. La propuesta surge “como respuesta a la creciente desigualdad” en los impactos del deterioro ecológico que enfrentan comunidades históricamente marginadas, refirió la diputada.
En tribuna, Vanhe Caratachea advirtió que esta iniciativa no nace del escritorio, sino de la realidad de quienes viven entre el polvo de los monocultivos, el silencio de los ríos secos y la amenaza constante contra quienes defienden los bosques. Aseguró que el deterioro ambiental no sólo afecta al entorno natural, sino que tiene consecuencias profundas en la vida y la dignidad de las personas.
La propuesta contempla reformas a los artículos 4, 17 y 18 de la legislación ambiental estatal, reconociendo que no todas las personas están igualmente expuestas al daño ecológico, y que el Estado tiene una obligación reforzada de proteger a quienes han sido más vulnerables ante la devastación ambiental. “Pasar de una legislación técnica a una legislación humana”, fue uno de los énfasis de la diputada.
La iniciativa fue construida de manera colectiva junto a las diputadas Ana Belinda Hurtado Marín, Adriana Campos Huirache, Brissa Irerí Arroyo Martínez, Grecia Jennifer Aguilar Mercado, Diana Mariel Espinoza Mercado, Sandra María Arreola Ruiz y María Itzé Camacho Zapiain. “Entendemos la justicia desde la acción correcta del estado de derecho, y también desde la reparación y sanción ante los daños ambientales”, enfatizó Caratachea.
La legisladora subrayó que Michoacán enfrenta conflictos ambientales graves: despojo de tierras, sobreexplotación hídrica, tala clandestina y violencia contra defensoras y defensores del territorio. Con esta reforma, el Congreso estatal alinearía la legislación local con el Acuerdo de Escazú, que obliga a los estados a garantizar el acceso a la justicia ambiental y la protección de quienes luchan por ella.
Vanhe Caratachea concluyó que defender la justicia ambiental es también defender la paz social. “No es una reforma decorativa: es una herramienta concreta para prevenir conflictos, para cerrar brechas y para dignificar la vida de miles de personas. Hoy tenemos la oportunidad de que esta Legislatura deje una huella justa en la historia de Michoacán.”
