En un paso hacia la protección de la niñez que qeda en orfandad por feminicidio, las diputadas Eréndira Isauro Hernández y Anabet Franco Carrizales, así como el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, presentaron una iniciativa que plantea la pérdida automática de la patria potestad a quien sea vinculado a proceso o sentenciado por el delito de feminicidio, cuando tenga hijos con la víctima.
La propuesta incluye reformas al Código Familiar y al Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez y evitar que los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio queden bajo la tutela de sus agresores.
“Esta reforma busca reconocer la trascendencia de garantizar plenamente los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en contextos donde han perdido a su madre en actos de violencia feminicida”, señaló la diputada local, Eréndira Isauro Hernández.
Indicó que la iniciativa está en sintonía con un exhorto del Senado de la República, emitido en diciembre de 2023, en el que se pidió a los congresos estatales armonizar sus leyes locales para asegurar la suspensión o pérdida de la patria potestad en estos casos.
Uno de los referentes centrales de la reforma es la llamada Ley Monzón, impulsada por primera vez en Puebla tras el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, y que sirvió de precedente para otras entidades del país.
Entre las propuestas se encuentra la reforma al artículo 425 bis del Código Familiar en donde establece que se perderá la patria potestad si quien la ejerce es condenado por feminicidio, y se suspenderá si existe un auto de vinculación a proceso por el mismo delito, en perjuicio de la madre de los hijos menores de edad.
Así como la reforma al artículo 120 del Código Penal, donde instituye que en casos donde el agresor tenga descendencia con la víctima y los hijos sean menores de edad, se le condenará con la pérdida de la patria potestad, “a fin de salvaguardar el interés superior de la niñez y garantizar su derecho a vivir en un entorno seguro, afectivo y libre de violencia”.
La propuesta también recupera principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), que establecen la obligación de todas las autoridades legislativas, administrativas y judiciales de anteponer el interés superior de la infancia.
La iniciativa ya fue turnada a comisiones y se espera se dictamine en próximas semanas. Con ella, Michoacán se sumaría a las entidades que han actualizado su legislación para proteger jurídicamente a la niñez víctima indirecta de la violencia feminicida.
