En un paso firme para frenar los abusos históricos en el arrastre y depósito de vehículos en Michoacán, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas de fondo a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, impulsadas por el diputado Hugo Rangel Vargas.
Como presidente de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, Rangel encabezó los trabajos del dictamen, con el propósito de” erradicar la discrecionalidad, la corrupción y la falta de transparencia que han caracterizado a este servicio por décadas”.
“La ciudadanía está cansada de pagar tarifas excesivas sin saber por qué, sin reglas claras, y sin ninguna garantía sobre el cuidado de sus vehículos. Estas reformas colocan por fin el interés público por encima del negocio privado”, señaló el legislador.
Las reformas aprobadas precisan las causales por las que un vehículo puede ser remitido al depósito, limitando el margen de interpretación de las autoridades y armonizando los reglamentos municipales con la legislación estatal. Además, se obliga a que todas las tarifas por concepto de arrastre, salvamento y guarda de vehículos sean públicas, estén autorizadas por el Congreso del Estado y sean fiscalizadas por la Secretaría de Finanzas y Administración, de conformidad con la Ley de Gobierno Digital.
“Queremos que la gente sepa exactamente cuánto cuesta el servicio y por qué, y que pueda consultar un tabulador oficial. Eso es transparencia, eso es justicia”, enfatizó Rangel Vargas.
La iniciativa también retoma buenas prácticas del reglamento federal de servicios auxiliares de autotransporte, como la obligación de registrar en un sistema informático los movimientos de ingreso y salida de vehículos del corralón, y de garantizar la conservación y el resguardo de cada unidad.
A través de la adición de nuevas fracciones al artículo 42, se establece que la Secretaría de Seguridad Pública deberá vigilar el cumplimiento de las tarifas autorizadas, emitir reglas claras sobre la operación de los depósitos, y asegurar que las personas usuarias tengan acceso inmediato a toda la información sobre los costos y procedimientos del servicio.
El diputado petista, subrayó que estas reformas no solo corrigen vacíos legales, sino que son un acto de justicia para miles de michoacanas y michoacanos que han sido víctimas del abuso.
“Este Congreso no puede ser cómplice silencioso de un sistema que extorsiona a la gente desde la legalidad. Estas reformas no resuelven todo, pero sientan un precedente: en Michoacán, el negocio de las grúas ya no será tierra de nadie. Vamos a seguir empujando desde el Legislativo para que las autoridades cumplan, para que los reglamentos se actualicen, y para que los derechos de la ciudadanía estén por encima de los privilegios de unos cuantos”, concluyó Hugo Rangel.
