Ante el impacto económico que representa la atención de enfermedades como diabetes e hipertensión, derivada de la obesidad, las y los diputados de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, votaron a favor de reformas al artículo 5 de la Ley para la Prevención, Atención y Tratamiento Integral del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria para el Estado de Michoacán de Ocampo.
En Sesión Ordinaria, el Pleno Legislativo votó a favor del Dictamen presentado por la Comisión de Salud y Asistencia Social, sobre la iniciativa del Diputado J. Reyes Galindo Pedraza, en la que se define que la Secretaría de Salud deberá promover, con instituciones públicas y privadas, convenios, campañas, programas, planes y acciones orientadas a mejorar la salud ocupacional, la adecuada nutrición y la salud física de las y los trabajadores del sector público en el Estado.
Lo anterior, al adicionar las fracciones X y XI al artículo 5 de la citada ley, con la finalidad de prevenir enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares de los funcionarios públicos michoacanos.
De acuerdo con el Dictamen, la Secretaría de Salud del Estado contará con un plazo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de su entrada en vigor, para diseñar, implementar y coordinar las estrategias necesarias que aseguren el cumplimiento de la disposición reformada, en colaboración con las instituciones públicas y privadas involucradas.
Cabe destacar, que los trastornos alimentarios y sus efectos en la salud integral es resultado de factores como “hábitos nocivos de alimentación, dinámicas laborales intensas, y entornos con baja cultura de autocuidado”, por lo que el Estado debe impulsar políticas públicas que integren el autocuidado, la buena alimentación y la prevención de enfermedades en el entorno laboral.
“La salud constituye el valor más preciado para toda persona. Por ello, el Estado debe implementar acciones firmes en entornos laborales que favorezcan el autocuidado, la buena nutrición y la prevención de enfermedades crónicas y degenerativas”, se define en la exposición de motivos.
En el Dictamen también se establece que la acción institucional es urgente y debe ser compartida por los sectores público, privado, social y educativo, para evitar que la atención de la diabetes e hipertensión generen un impacto económico severo, al representar hasta el 5% del Producto Interno Bruto nacional, debido a la pérdida de productividad y al aumento del gasto público en salud.
