*Con esta medida busca disminuir el impacto financiero y generar mayor eficiencia entre los representantes gubernamentales.
Con el objetivo de disminuir la carga presupuestal de las finanzas estatales hasta en un 20 por ciento, Reyes Galindo Pedraza, coordinador de las y los diputados del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa para reducir de manera generalizada una regiduría de mayoría relativa y una regiduría de representación proporcional en cada uno de los 112 ayuntamientos de esta entidad.
“Con esta medida se puede disminuir en más de 20% el costo financiero que representa el proceso de toma de decisiones de la instancia de gobierno más cercana a los ciudadanos, que es el ayuntamiento, sin drenar su capacidad de representación”, aseveró el coordinador del PT en el legislativo michoacano.
Este planteamiento dijo, contempla una reforma al artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal en la que se estipula la reducción de regidurías en Michoacán, enfocado a la construcción de un nuevo municipalismo que esté orientado fundamentalmente hacia la mejora constante de las capacidades institucionales de los ayuntamientos, haciendo más transparentes y eficientes los espacios de toma de decisiones.
“Desde el inicio de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hicimos ante el pueblo michoacano el compromiso político y moral de ser la locomotora ideológica y programática de la cuarta transformación”, mencionó.
Y destacó que uno de los principales postulados de este movimiento reposa en la premisa de que: “no puede haber gobierno rico y pueblo pobre”, por lo que se ha buscado ser impulsores de más y mejores medidas relacionadas con la reducción de los excesos en el ejercicio del poder, para volver menos onerosas las labores de representación política.
En ese contexto, Reyes Galindo refirió que la reducción en el número de regidurías en los municipios de México no es un tema nuevo, sino una tendencia que ha sido adoptada en algunas entidades federativas, como parte de un compromiso en dirección a lograr una mayor eficiencia en el ejercicio de las tareas públicas; en este sentido, el ahorro precisado permitirá, sin atentar contra la gobernabilidad en los municipios, redireccionar el gasto público hacia el auténtico objetivo del Estado, que es el bienestar de sus gobernados.
