• Con penas de hasta 25 años de prisión.
La diputada local Vanhe Caratachea presentó ante el Congreso del Estado una propuesta de acuerdo para impulsar, a nivel federal, la tipificación del secuestro virtual infantil como un delito autónomo, al advertir que esta forma de violencia digital va en aumento y está dejando secuelas emocionales profundas en las víctimas más vulnerables: las niñas y los niños.
“No comparezco solo como legisladora, sino como ciudadana, como alguien que ha escuchado el llanto impotente de una madre y de una familia engañada”, expresó la diputada desde tribuna, al compartir el caso reciente de un menor víctima de este tipo de extorsión en el municipio de La Piedad. El menor, de apenas 11 años, fue manipulado por delincuentes para esconderse en un lote baldío, mientras su madre recibía llamadas exigiendo un rescate con amenazas y gritos falsificados. “Lo que les relato no es ficción, es un caso real, y sucede con frecuencia”, advirtió.
La legisladora subrayó que el secuestro virtual infantil es una forma de violencia brutal que ha evolucionado con el uso de tecnologías, redes sociales y videojuegos, y que cada vez más afecta a menores que, sin ser sustraídos físicamente, son forzados mediante engaños a aislarse y simular un secuestro, mientras sus familias son extorsionadas con amenazas falsas.
La propuesta legislativa contempla la creación del artículo 366 Quinquies en el Código Penal Federal y del artículo 14 Bis en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Ambos artículos tipificarían el secuestro digital infantil como delito independiente, con penas de hasta 25 años de prisión, considerando el uso de herramientas tecnológicas como agravante.
Además, la iniciativa busca establecer medidas complementarias como la capacitación obligatoria para cuerpos policiales y ministerios públicos, la implementación de talleres de prevención digital en escuelas, y la creación de un registro estatal de casos para el diseño de políticas públicas efectivas.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2023 se reportaron más de 7 mil 500 casos de extorsión en el país, y se estima que al menos un 20 por ciento fueron secuestros virtuales, aunque la cifra real podría ser mucho mayor debido a la escasa denuncia.
“¿Podemos mirar a los ojos de una madre y decirle que la ley no alcanza al agresor de su hijo porque no hubo contacto físico?”, cuestionó la diputada. “La respuesta es clara: no. No podemos. No debemos. No lo merecen nuestras niñas y niños”.
Al finalizar su intervención, hizo un llamado a sus compañeras y compañeros del Congreso local a respaldar la propuesta no como un acto protocolario, sino como un compromiso real con la niñez mexicana. “Porque el día de mañana, cuando una niña juegue en línea sin miedo, cuando una familia pueda reír sin sobresaltos, sabremos que desde esta tribuna hicimos lo correcto”, concluyó.
