El Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad una reforma que sanciona a los deudores alimentarios, garantizando que la pensión para niñas y niños sea un derecho real y no una promesa incumplida.
La diputada Emma Rivera Camacho, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que esta reforma responde a una demanda social urgente. “Hoy es un día de justicia. Estamos poniendo un alto a quienes evaden su responsabilidad con la niñez. No más impunidad para deudores alimentarios”, afirmó.
La nueva ley contempla la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios y establece sanciones como la inhabilitación para ocupar cargos públicos, restricciones en trámites como licencias y concesiones de transporte, y la anotación del estatus de deudor en el registro de propiedades. Además, quienes incumplan podrían perder la patria potestad o la custodia de sus hijos.
En Michoacán, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión y el 60% de las madres autónomas enfrentan la evasión económica de sus exparejas. Actualmente, hay 7,855 deudores registrados en el estado.
“Seguiremos impulsando acciones legislativas para garantizar la protección económica de nuestras niñas y mujeres. Esta reforma es un paso clave para erradicar la violencia económica y construir un entorno más justo”, concluyó Rivera Camacho.
La aprobación de esta reforma en el marco del Día Internacional de la Mujer refuerza el compromiso del Congreso con la equidad de género y la justicia social.
