-La propuesta modificará el Código Penal del Estado de Michoacán con el fin de que el delito de violencia familiar sea perseguido de oficio.
La diputada local indígena por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Michoacán con el fin de que el delito de violencia familiar sea perseguido de oficio. La propuesta que busca una respuesta más firme frente a la violencia doméstica, es impulsada por la creciente preocupación sobre la violencia cíclica que afecta principalmente a las mujeres y que, en muchos casos, escala hasta convertirse en feminicidio.
En su intervención, Isauro Hernández señaló que la violencia familiar, al ser un fenómeno recurrente y estructural, genera una escalada de agresiones que vulneran la integridad física y psicológica de las víctimas. La diputada explicó que, en ocasiones, las mujeres víctimas de violencia optan por retirar las denuncias debido a la manipulación de sus agresores, quienes, en un intento de detener el proceso legal, muestran un arrepentimiento superficial. Esta situación aumenta el riesgo de que las víctimas sufran agresiones aún más graves, incluso llegando al feminicidio.
Uno de los puntos clave de la propuesta es la reforma al artículo 178 del Código Penal de Michoacán, para que el delito de violencia familiar sea perseguido de oficio, sin depender exclusivamente de la denuncia de la víctima. De esta manera, las autoridades no podrán ignorar la violencia que ocurre en el hogar, independientemente de la decisión de la víctima de continuar con el proceso judicial.
La diputada destacó que esta medida permitiría evitar la impunidad y garantizaría que los agresores enfrenten las consecuencias de sus actos, también hizo énfasis en las cifras preocupantes que muestran cómo, a pesar de que miles de llamadas de auxilio son recibidas cada año, solo un pequeño porcentaje de los casos llega a los tribunales.
En 2024, de más de cinco mil llamadas de auxilio por violencia familiar, únicamente 81 casos fueron judicializados, lo que representa solo el 1.52% de las atenciones. Esta baja tasa de judicialización refleja un grave problema de impunidad que pone en riesgo la seguridad de las víctimas, manifestó la diputada.
La propuesta incluye también la posibilidad de aplicar medidas alternas al proceso judicial, como la suspensión condicional del proceso, lo que obligaría al agresor a cumplir con ciertas condiciones, como la asistencia a terapia psicológica, con el objetivo de modificar su comportamiento y regenerar el entorno familiar. Esta medida, no solo busca sancionar al agresor, sino también contribuir a la recuperación del tejido social, fomentando un cambio cultural en la comunidad.
Con esta iniciativa, Eréndira Isauro Hernández busca modificar las prácticas jurídicas y culturales que han permitido la persistencia de la violencia contra la mujer, garantizando un seguimiento adecuado de los casos y un tratamiento integral de las víctimas. La propuesta, además, responde a los compromisos internacionales de México, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, que exige a los Estados actuar con la debida diligencia en la prevención y sanción de este tipo de violencia.
