El diputado del Partido del Trabajo, Hugo Rangel Vargas, reflexionó sobre los desafíos y oportunidades en materia de movilidad, transparencia y comunicación social en Michoacán.
Hugo Rangel destacó que, si bien el gobierno ha implementado estrategias interesantes para reducir el rezago en movilidad, es fundamental avanzar hacia modelos integrados y eficientes. “El teleférico puede convertirse en un detonador para modernizar el transporte público como un sistema semi-masivo, capaz de integrar y mejorar las opciones existentes”, señaló. Asimismo, insistió en la necesidad de abordar los problemas derivados de la falta de alternativas económicas y eficientes, como el crecimiento desmedido del uso de motocicletas en condiciones poco seguras.
En el ámbito de la transparencia, el diputado hizo un llamado a fortalecer la regulación de las figuras jurídicas y presupuestales, particularmente en lo relacionado con la comunicación social. “Desde 2019, Michoacán incumple el mandato del Congreso de la Unión para contar con una Ley Estatal de Comunicación Social. Esto abre la puerta a que el presupuesto se utilice como una herramienta de censura oculta, sesgando la información y cargando la opinión de los medios de comunicación”, advirtió.
Por señalar una cifra, Rangel Vargas indicó que el gasto en comunicación social en el 2018 fue de un 97% más de lo aprobado por el Congreso del Estado, durante la administración de Silvano Aureoles. “Por muy probos que sean los funcionarios encargados, no podemos dejar a las instituciones públicas al contentillo de funcionarios que hoy están y mañana no; este gasto debe estar normado y regulado para evitar abusos como en administraciones pasadas, indicó.
En este sentido, propuso la creación de un consejo ciudadano que promueva y supervise buenas prácticas en materia de comunicación, garantizando que el presupuesto destinado a este rubro sirva realmente para fortalecer la transparencia y el derecho a la información de la ciudadanía así como un parlamento abierto para visibilizar la necesidad de regular los presupuestos de comunicación social. Estas iniciativas buscan proteger el derecho a la libertad de expresión y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente.
