El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán, integrado por Reyes Galindo Pedraza, Diana Espinoza Mercado, Baltazar Gaona García, Hugo Rangel Vargas y Vicente Núñez Gómez, expresó su respaldo total a la Presidenta Claudia Sheinbaum en un momento crucial para México y el mundo, tras la toma de protesta de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América.
En un contexto de incertidumbre internacional, la bancada petista destacó la importancia de fortalecer la unidad nacional y consolidar la soberanía mexicana frente a los retos que plantea el cambio en la administración estadounidense. “Claudia Sheinbaum es arropada por el pueblo mexicano, y eso es lo que importa en este momento”, afirmaron los legisladores del GPPT, haciendo énfasis en la confianza y respaldo ciudadano hacia la presidenta.
Los legisladores subrayaron que, ante posibles escenarios de deportaciones masivas anunciadas por el nuevo gobierno norteamericano, resulta fundamental mantener la defensa de los derechos de las y los migrantes mexicanos. En este sentido, hicieron un llamado urgente a las autoridades internacionales para garantizar que cualquier acción en materia migratoria se apegue estrictamente a los protocolos de respeto a los derechos humanos.
Los diputados petistas reconocieron que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos representa un desafío importante para México. Sin embargo, reafirmaron su convicción de que la unidad nacional será clave para enfrentar de manera digna y decidida cualquier intento de vulnerar los intereses del país y de su población migrante.
“La soberanía de México no puede ser negociada, y nuestra labor como representantes populares es cerrar filas en torno a la Presidenta Sheinbaum, quien ha demostrado compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos humanos de los mexicanos, dentro y fuera del país”, puntualizaron.
Asimismo, los integrantes del GPPT señalaron la necesidad de fortalecer los lazos de colaboración entre el Congreso local y el Gobierno Federal, con el objetivo de implementar políticas públicas que protejan a los connacionales que pudieran verse afectados por decisiones unilaterales provenientes de Washington.
