En el marco de la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, el diputado Hugo Rangel Vargas presentó un posicionamiento crítico frente a la falta de regulación que caracteriza al gasto público en materia de comunicación social. El legislador destacó la necesidad de emitir una Ley Estatal de Comunicación Social que elimine la discrecionalidad, promueva la transparencia y priorice el beneficio social.
Durante su intervención, el diputado petista enfatizó los riesgos de dejar el manejo de estos recursos sin reglas claras. “Hoy, a pesar de las reformas planteadas, seguimos en deuda con la ciudadanía al no contar con un marco normativo que garantice que el gasto en comunicación social sea eficiente, austero y con fines informativos. Es imperativo actuar para mitigar el desvío de recursos hacia usos arbitrarios o de promoción personal”, afirmó.
El legislador recordó que desde el 1 de abril de 2019, los congresos locales están obligados a armonizar sus legislaciones con la Ley General de Comunicación Social, que busca garantizar el uso responsable de los recursos en este ámbito. No obstante, señaló que Michoacán se encuentra en desacato y sin avances concretos en la creación de una ley estatal.
“El precedente es claro: el descontrol en el gasto público puede llevar a excesos lamentables, como los observados durante la administración anterior. Es inaceptable que, pese a la voluntad de cambio, sigamos permitiendo la discrecionalidad”, sentenció Rangel Vargas aludiendo a los gastos desproporcionados en propaganda documentados en años recientes.
Hugo Rangel subrayó que los 122.6 millones de pesos asignados para la Coordinación de Comunicación Social en el Presupuesto 2025, junto con otros 400 millones destinados a propaganda, corren el riesgo de ser utilizados de manera ineficaz sin una regulación específica. Por ello, propuso incluir criterios claros y procedimientos definidos que alineen este gasto con los principios de la Cuarta Transformación: austeridad, combate a la corrupción y justicia social.
