Sobre la importancia de juzgar con perspectiva de género como una estrategia para combatir la discriminación y la desigualdad y, también, sobre la necesidad de sostener y ahondar en los cambios de las legislaciones en torno a los derechos de las mujeres y la infancia, coincidió ayer un grupo de especialistas en el marco de la presentación del segundo número de la revista, “Justicia y Género”.
Se trata de una revista especializada, producida por el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) que, de acuerdo con la diputada local electa, Fabiola Alanís Sámano, “abona a la difusión de estos derechos, propicia el debate de nuevas ideas y da posibilidades de constructor nuevos paradigmas” sobre esta materia.
Durante su intervención, en la Sala de Juicios Orales de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) en Morelia, la ex titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, reconoció este esfuerzo editorial del TJAM y consideró que, en buena parte,
“Justicia y Género” ofrece un recuento de lo que ha ocurrido recientemente sobre los derechos de las mujeres; es la base de los planteamientos centrales en los contenidos de esta revista”. Así, refirió las Convenciones, Tratados, Pactos, legislaciones y protocolos adoptados por las instancias del Estado Mexicano, frente a la problemática de la discriminación por género que, por lo demás, “merece una respuesta institucional” de ese nivel.
En ese escenario, la revista surge “de la necesidad de implementar la justicia con esta perspectiva; y se convierte en una plataforma para voces diversas e innovadoras” en este rubro, explicó a su vez, la magistrada Lizett Puebla Solórzano, quien preside la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal la cual, entre otros asuntos, se encarga de esta publicación.
Con apenas unos meses de vida, “Justicia y Género” ha logrado conjuntar la voz de juzgadoras y juzgadores de distintos ámbitos: de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los Tribunales en Michoacán, pero también, la de otras personas interesadas en temas de equidad, justicia, derecho y no discriminación, creando “un diálogo muy fructífero, que nos ha permitido continuar y hacer este segundo número”, explicó la magistrada.
Consideró que, en este momento en que “se habla de las reformas a la Constitución, no hay duda: la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres deben ser temas prioritarios en los cambios al Poder Judicial”; esperemos que la revista dé cuenta de ello.
A propósito de lo anterior, durante su bienvenida el magistrado presidente del TJAM, Hugo Gama Coria, habló de la necesidad de “avanzar y construir para que los cambios en la ley, también sean una realidad tangible y cotidiana en nuestros territorios”.
Dijo: “En la coyuntura actual que vive nuestro país, es indispensable que el debate público también contemple mecanismos para hacer efectivo el derecho humano a la igualdad y, en especial, para el acceso a los cargos jurisdiccionales en igualdad de condiciones”.
Por ello, requerimos una perspectiva crítica y constructiva que atienda las nuevas realidades sociales; apostamos porque “Justicia y Género” aporte en ese objetivo”, planteó el magistrado. También agradeció a la maestra Susana García Ramírez y el licenciado Luis Manuel Torres Delgado, secretaria académica y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Facultad de Derecho de la UVAQ, respectivamente, por el apoyo y acompañamiento de esta magna Casa de Estudios. Para con los trabajos del Tribunal.
Del presupuesto
El segundo número de “Justicia y Género” aborda temas como el lenguaje inclusivo, los estereotipos de género en el ejercicio judicial, las mujeres en la ejecución de órdenes de cateo, y otros temas que se subrayaron durante la presentación de la revista.
Especialmente, hubo coincidencias en torno a la importancia “de crear presupuestos con perspectiva de género”, para concretar los avances que, en la ley, ha tenido la lucha por la igualdad en nuestro país.
El tema, que es abordado en la publicación por el secretario administrativo del TJAM, Logan Gustavo Meza Herrera, fue destacado por la maestra Araceli Gutiérrez Cortés, consejera del Instituto Electoral de Michoacán y presidenta del Colegio de Abogadas de Michoacán, quien consideró que, al implementarlo y difundirlo, el propio Tribunal:
“Marca un precedente para el resto de las instituciones en Michoacán en materia de igualdad de género”.
El mismo secretario, Meza Herrera, refirió en su momento la conformación del dicho presupuesto como parte de “la innovación en políticas públicas” que ha experimentado México en años recientes.
“La perspectiva de género en los presupuestos públicos, no es solo un enfoque adicional, sino una necesidad imperiosa para garantizar que los recursos del Estado se distribuyan de manera equitativa, ya que nos permite identificar cómo las asignaciones de recursos afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres, lo que es esencial, para corregir las desigualdades estructurales que históricamente han relegado a las mujeres”, propuso.
Al dar cuenta de estas transformaciones y, sobre todo, al compartir las experiencias que han derivado de éstas, “Justicia y Género” en cierta forma “conecta con el pasado inmediato de Michoacán” y el país, expresó la doctora Laura Elena Alanís García, magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Como caso, subrayó que “las mujeres merecemos piso parejo en el ámbito jurisdiccional y la revista contiene eso precisamente: esta nueva visión del derecho que hoy tenemos”.
Las abogadas de Michoacán
En su segundo número, “Justicia y Género” dedicó su reportaje a la asociación civil, Abogadas de Michoacán, fundada en 1975 por un conjunto de mujeres comprometidas con el servicio a la ciudadanía y, en especial, con el impulso a nuevas leyes que atendieran el problema de la desigualdad y discriminación de género.
La asociación “fue la primera de mujeres abogadas en México y América Latina”, recordó su presidenta actual, Araceli Gutiérrez, y agradeció que el TJAM haya “visibilizado estos 49 años de trabajo” en favor de la entidad, gracias al cual, se han modificado diversas leyes estatales para reducir la brecha de género y proteger a sectores sociales en condición de vulnerabilidad.
