“Está por concluir el plazo para cumplir con nuestra obligación, como integrantes del sector público, de rendir la Declaración Patrimonial”, comentó este lunes el magistrado Hugo Gama Coria, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM).
Esto anterior, a propósito del dicho ejercicio -la Declaración Patrimonial de Modificación- que es obligado para todas las personas que ocupan algún cargo o comisión en el servicio público, ya sea federal, estatal o municipal.
“Hablamos de un ejercicio de transparencia, pero, también, de una acción preventiva contra actos irregulares, como pueden ser el enriquecimiento ilícito. Por ello, respetuosamente, hacemos un llamado desde el TJAM para que las personas servidoras públicas en Michoacán atiendan ese mandato”, expresó.
De acuerdo con el también titular de la Cuarta Sala Especializada en Materia Anticorrupción, esta obligación normativa está señalada tanto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (artículos y 32, 36 y 37), como en Ley estatal en la materia (secciones Segunda y Tercera), con el objetivo de verificar la evolución y congruencia entre los ingresos y egresos de quienes forman parte del servicio público.
Y si bien su mera omisión puede constituir una falta administrativa no grave, es empero objeto de sanciones, ya que, según la norma estatal: “se iniciará inmediatamente la investigación por probable responsabilidad por la comisión de las Faltas Administrativas correspondientes y se requerirá por escrito el cumplimiento de dicha obligación.
“Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción III de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año”, refirió el magistrado.
A propósito del TJAM, que es un organismo constitucionalmente autónomo, éste reporta un cumplimiento de 98 por ciento en promedio, según los datos de los más recientes Informes de Labores, según los cuales:
En 2022, de una plantilla de 186 personas servidoras públicas en el TJAM, 181 cumplieron con sus declaraciones patrimoniales de modificación; es decir: 97.4% del total del personal. Un año después, de una plantilla de 202 personas servidoras públicas, 198 presentaron sus declaraciones en tiempo y forma, lo que representó un 98 por ciento del total del personal.
