- El legislador del PVEM busca establecer punibilidad específica cuando exista parentesco o vínculo afectivo entre la víctima y su agresor
Para elevar la responsabilidad y sanción a quienes cometan violencia sexual infantil en casos donde exista una relación de parentesco o vínculo afectivo y de confianza con el agresor, el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Christian Jaramillo Ramírez, planteará iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán.
Propuesta que busca establecer la punibilidad especifica en dichos casos, estableciendo una mayor responsabilidad y sanción a aquellas personas que valiéndose de su vínculo con la niña, niño o adolescente cometan violencia sexual infantil.
Para el legislador local abordar con punibilidad específica los casos donde el agresor tiene un vínculo con el niño, niña o adolescente víctima “es esencial para enfrentar las complejidades y agravantes asociados con la violencia sexual infantil, asegurando una respuesta legal proporcional y justa”.
En Michoacán, de enero de 2022 a enero de 2024, por delitos de corrupción de menores, tráfico de personas y otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, se registraron 448 casos de víctimas menores de 18 años. Es decir, por mes en nuestro estado se registran un total de 18 víctimas menores de 18 años por estos delitos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Jaramillo Ramírez apuntó que incrementar en dos terceras partes las sanciones previstas para los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad como lo son la corrupción de personas menores, la pornografía y el turismo sexual de personas menores de edad o quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, y el lenocinio, tiene la finalidad de proteger la seguridad y el bienestar de el o la menor víctima.
Asimismo, dijo, contribuye a brindar mayor protección y justicia para las víctimas y sus familias, generando mayor confianza para denunciar y buscar ayuda, restableciendo la confianza de la sociedad con las instituciones de procuración de justicia.
