• El diputado Pintos Caballero (MC) impulsa una iniciativa para establecer dicha facultad en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
El diputado Andrés Pintos Caballero (MC) impulsa una iniciativa para adicionar el artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de facultar a las entidades federativas para expedir una regulación estatal que establezca mayores prohibiciones y deberes a efecto de controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen, precisa que actualmente no existe esa potestad, ya que la ley únicamente señala que debe haber concurrencia entre los gobiernos Federal, las entidades federativas y municipios en materia de protección al medio ambiente, y preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Destaca la importancia de que todos los entes gubernamentales tengan injerencia en solucionar y proteger el medio ambiente; asimismo, que cualquier autoridad que pueda dar una respuesta pronta sea la que aplique medidas cuando exista un detrimento a la atmósfera en perjuicio de la población.
Sostiene que una de las razones de dar mayores atribuciones a los estados, es que éstos son quienes tienen que vigilar y procurar un entorno ambiental sano de toda su circunscripción territorial. Afirma que las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación y poner mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica.
El documento menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión asientan las bases y la plataforma mínima de las obligaciones que se desprendan de estas normas en todas las entidades federativas; sin embargo, no son limitativas para que los estados expidan una regulación local sobre una materia concurrente.
Refiere que el artículo 4º de la Constitución Política establece que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
Por ello, indica, se debe adicionar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues al ser un derecho humano toda autoridad está obligada a promover, respetar, proteger y garantizar dicho derecho. Además, se evitaría la obstaculización para dar protección al medio ambiente sano.
