El Fiscal General de Michoacán, Adrián López Solís, informó que en 2023 incrementó la confianza ciudadana hacia la institución, pues según datos del INEGI, este año la población reporto un 57.6 por ciento de confianza en su desempeño, mientras que en la medición realizada en 2014 era del 39.2 por ciento.
En conferencia de prensa con medios de comunicación estatales, López Solís expuso que la percepción social en cuanto al trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) también creció ya que este año fue de 55 por ciento, mientras que en el 2014 era de 46.3 por ciento.
En cuanto a la función sustantiva, señaló que de enero a noviembre se han judicializado seis mil 519 carpetas de investigación, se han logrado ocho mil 460 acuerdos reparatorios en sede ministerial; mientras que fueron 444 sentencias condenatorias y 248 procedimientos abreviados, así como mil 969 mandamientos judiciales cumplidos.
Resaltó que las sentencias condenatorias registraron una disminución, la cual se atribuye a la cantidad de asuntos pendientes que se encuentran en el Poder Judicial del Estado.
La Unidad Especializada en Investigación de Homicidio Doloso y Feminicidio mantuvo en el mes de octubre una efectividad estatal del 45 por ciento con 54 carpetas judicializadas y 121 carpetas iniciadas, mientras que en noviembre la efectividad fue del 48 por ciento con 55 carpetas judicializadas y 114 iniciadas.
En cuanto a la efectividad de las unidades regionales, Morelia reportó en ambos meses una efectividad del 100 por ciento; Zamora con 42 y 59 por ciento; y Zitácuaro con 33 y 40 por ciento en los meses respectivos.
El Fiscal informó también que para el próximo año la FGE contará tentativamente con un presupuesto de mil 566 millones 662 mil 656 pesos según la Propuesta de Presupuesto Estatal que se envió por el ejecutivo estatal al Congreso del Estado y que no contempla la asignación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Reconoció que aún con limitaciones presupuestales, ha sido puntual la dispersión del recurso tanto en 2022 como en 2023, además de que se ha apoyado con ampliaciones que, dijo, han permitido salir de presiones económicas y han ayudado a equilibrar los cierres de año.
“Nosotros somos un ente autónomo pero al final somos una institución pública y operamos con los recursos que la sociedad a través de las contribuciones pone a disposición del gobierno a través de su esfuerzo recaudatorio y conforme a los criterios de asignación que a propuesta del ejecutivo autoriza el congreso estatal”,
López Solís subrayó que los procesos de mejora no necesariamente están relacionados a lo económico, pues la contratación, por ejemplo, de un policía ministerial, implica convocatoria, capacitación y exámenes de control y confianza, además de que la sociedad no necesariamente atiende a las convocatorias de contratación.
Agregó que en el año 2019 había solamente 700 elementos de la Policía de Investigación, mientras que actualmente son mas de mil elementos, además de dos generaciones de egresados para policías, dos para agentes de Ministerio Público y una más de Peritos, de manera que incrementó el personal operativo y disminuyó el administrativo bajo procesos de optimización de recursos al margen del presupuesto.
